“No son ambientalistas, son antiempresas”: Congresista arremete contra a los autodenominados green peace de Santander
Briceño criticó que en Santurbán avanzara la minería ilegal mientras el foco estuvo en frenar la minería formal.
Briceño criticó que en Santurbán avanzara la minería ilegal mientras el foco estuvo en frenar la minería formal.
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El representante a la Cámara Daniel Briceño lanzó duras críticas contra los sectores que se presentan como defensores del ecosistema y cuestionó que, durante el gobierno de Gustavo Petro, el discurso ambiental se concentrara en frenar la minería formal mientras la explotación ilegal avanzaba en el corazón de la provincia de Soto Norte.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
“En cuatro años de Gustavo Petro lo único que avanzó fue la minería ilegal, no la protección de Santurbán”, afirmó Briceño, quien cuestionó que la administración anterior pretendiera presentar como una solución definitiva una resolución de delimitación que, según su señalamiento, no contaba con el suficiente sustento técnico ni con el consenso de las comunidades.
El congresista fue todavía más lejos al calificar de “falso ambientalismo” la posición de quienes, a su juicio, convirtieron la defensa de Santurbán en una bandera política y electoral.
“Yo no vi las protestas cuando la minería ilegal se tomó este país”, manifestó Briceño, quien aseguró que los sectores que han liderado movilizaciones contra proyectos empresariales no tuvieron una reacción equivalente frente a la proliferación de bocaminas ilegales en Soto Norte.
La declaración se produce después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogara una de las últimas medidas adoptadas por la administración Petro en relación con Santurbán, en medio de una controversia que lleva más de una década enfrentando a ambientalistas, comunidades mineras, autoridades, empresas y organizaciones sociales.
La crítica de Briceño tiene como telón de fondo una realidad que ha sido documentada recientemente en Santander: la expansión de la minería ilegal en la zona de influencia de Santurbán.
Recientemente, una investigación reveló que en una montaña de aproximadamente 300 hectáreas, ubicada en jurisdicción de California, fueron identificadas más de 200 entradas a minas ilegales. Algunas de estas explotaciones se encuentran a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y, de acuerdo con el informe periodístico, la actividad continúa desarrollándose con escaso control institucional.
El hallazgo resulta particularmente grave porque Santurbán es un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de más de dos millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. La extracción ilegal no solo remueve material y vegetación, sino que puede generar drenajes ácidos, contaminación y afectaciones sobre las fuentes hídricas.
La dimensión económica del fenómeno tampoco es menor. Un estudio de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, citado por Vanguardia, estimó que la minería ilegal de oro en Soto Norte podría generar alrededor de $26.000 millones mensuales.
Es precisamente este contraste el que utiliza Briceño para cuestionar el discurso de algunos sectores ambientalistas: mientras las grandes empresas mineras han sido sometidas durante años a una intensa presión política y social, las estructuras ilegales han encontrado espacios para expandirse.
“Por eso digo que es falso ambientalismo, porque realmente ellos no son ambientalistas sino que realmente lo que son son antiempresa”, afirmó el congresista , quien sostiene que no basta con expedir resoluciones, anunciar delimitaciones o enfrentarse públicamente a las empresas si el Estado no tiene capacidad para impedir que las organizaciones dedicadas a la minería ilegal continúen excavando el páramo.
