¿Nombramiento ilegal? Radican nueva demanda contra Daniel Quintero en la Supersalud
Resumen
Radicaron una demanda contra el nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud por presunto incumplimiento de requisitos legales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El polémico desembarco de Daniel Quintero Calle en la Superintendencia Nacional de Salud enfrenta un nuevo y complejo obstáculo jurídico. El representante a la Cámara, Andrés Forero, radicó formalmente una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado contra el Decreto 433, mediante el cual el Gobierno Nacional oficializó el nombramiento del exalcalde de Medellín.
Cuestionan perfil y experiencia
La demanda sostiene que Quintero Calle no cumple con los requisitos legales exigidos para el cargo. Según el demandante, la formación académica y la experiencia profesional del hoy Superintendente no se ajustan a las funciones técnicas y específicas que requiere la entidad encargada de vigilar la salud de los colombianos. En el mismo trámite, se solicitó la suspensión provisional del funcionario mientras se toma una decisión de fondo.
Esta no es la única batalla legal que enfrenta Quintero. El texto de la demanda también pone de relieve el panorama judicial del funcionario, quien actualmente enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato. A esto se suma una sanción disciplinaria de la Procuraduría que incluye inhabilidad para ejercer funciones públicas, decisión que hoy se encuentra en revisión ante el Consejo de Estado.
Dudas sobre la imparcialidad
Sectores de la oposición y gremios del sector salud han expresado su preocupación por la imparcialidad de Quintero, citando declaraciones públicas previas al nombramiento donde habría anticipado posturas críticas contra diversas EPS. Para los accionantes, estas manifestaciones constituyen un "prejuzgar" que vicia la objetividad necesaria para un ente de control.
Pese a las advertencias de expertos y las investigaciones que rodean su gestión pasada en Medellín, el presidente Gustavo Petro firmó su designación, desatando una ola de acciones legales que buscan tumbar lo que consideran un nombramiento que pone en riesgo la moralidad administrativa y la adecuada prestación del servicio de salud.
