Nueva fase en caso de nulidad electoral contra alcalde Cristian Portilla, decretan pruebas a los partidos políticos
Resumen
El Tribunal de Santander pidió pruebas a los partidos vinculados para definir si la elección de Cristian Portilla tuvo irregularidades o doble militancia.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El proceso judicial que busca tumbar la elección del alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla Pérez, acaba de entrar en una etapa crucial. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto suscrito por la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, ordenó la notificación inmediata a los partidos políticos vinculados al proceso para que comparezcan formalmente y aporten documentos, declaraciones y pruebas que permitan establecer si en la candidatura del mandatario existió o no una eventual causal de doble militancia o irregularidades en su inscripción.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Se trata de un trámite que representan el paso necesario para completar el expediente probatorio dentro de la demanda de nulidad electoral que cursa en primera instancia contra Portilla y que pone bajo la lupa la legalidad de su llegada a la Alcaldía de Bucaramanga.
El alto tribunal advirtió que, pese a haberse admitido la demanda desde febrero pasado, la Secretaría de la corporación no había notificado debidamente a varias colectividades directamente involucradas en el caso: el Partido de la U, Cambio Radical y Centro Democrático, agrupaciones fundamentales en la discusión jurídica por haber hecho parte del entramado político alrededor de la candidatura hoy cuestionada.
“Por ello, el despacho ordenó su vinculación inmediata al proceso para que ejerzan su derecho de defensa y, sobre todo, suministren los elementos de juicio que permitan reconstruir cómo se produjo realmente la inscripción de Portilla y si se respetaron o no las reglas de coalición y aval partidista”, dice el auto emitido por la magistrada Ardila Pérez.
Así es la demanda
La controversia judicial se concentra en uno de los puntos más sensibles del expediente: determinar si la inscripción del hoy alcalde se ajustó plenamente a la normatividad electoral o si, por el contrario, hubo una ruptura irregular en el esquema de coalición inicialmente registrado que derivó en una posible doble militancia o en la ausencia de avales legalmente exigidos.
La demanda, promovida por los ciudadanos Liliana Marcela Oliveros Mantilla, Juan Nicolás Gómez Herrera y Edgar Solier Millares Escamilla, sostiene que tras desistir de una primera inscripción respaldada por la coalición “Con Paso Firme Bucaramanga Avanza”, integrada por Partido de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, el entonces candidato habría adelantado una nueva inscripción sin cumplir integralmente con los requisitos establecidos por la ley, particularmente en lo relacionado con el coaval de Cambio Radical.
Para los demandantes, ese hecho podría constituir una vulneración al régimen de inscripción de candidaturas y abrir la puerta a una causal de nulidad electoral.
En el expediente también se examinan presuntas inhabilidades derivadas de la actuación previa de Portilla en la administración municipal, donde se desempeñó como asesor del despacho del entonces alcalde y, según la demanda, habría ejercido funciones de dirección administrativa y supervisión contractual en circunstancias que podrían configurar restricciones legales para aspirar al cargo.
La magistrada Ardila dejó claro que, antes de adoptar cualquier decisión de fondo o avanzar hacia audiencia inicial, el Tribunal necesita que todos los actores vinculados entreguen la información correspondiente, pues solo con el expediente plenamente integrado podrá determinarse si existen méritos para avanzar hacia una eventual sentencia anticipada o para decretar nuevas etapas probatorias.
En otras palabras: el Tribunal quiere todas las cartas sobre la mesa antes de decidir si la elección de Portilla fue limpia en términos jurídicos o si terminó edificada sobre una candidatura jurídicamente viciada.
Por ahora, el mensaje del Tribunal es inequívoco: antes de decidir si hubo o no doble militancia, primero hablarán los partidos, las pruebas y los documentos. Y en ese expediente, cada papel puede terminar pesando tanto como un voto.
