Resumen
La nueva 'Ley del Ruido' en Colombia establece límites de contaminación auditiva a 65 decibeles de día y 55 de noche, con sanciones económicas para infractores. Busca mejorar la calidad de vida en ciudades como Bogotá y Medellín mediante regulaciones y multas específicas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El presidente Gustavo Petro ha sancionado la nueva "Ley del Ruido", una normativa que busca reducir la contaminación auditiva en Colombia y garantizar una mejor calidad de vida en las ciudades. Esta legislación responde a los crecientes problemas de ruido en las principales urbes del país, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, donde los niveles de sonido superan lo recomendado por organismos de salud.
De acuerdo con la nueva ley, el límite de ruido permitido durante el día es de 65 decibeles, equivalente al sonido de un restaurante concurrido o una aspiradora. En la noche, el límite se reduce a 55 decibeles para garantizar el descanso de los ciudadanos. El incumplimiento de estos parámetros traerá consigo sanciones económicas impuestas por la Policía Nacional.
Las multas están clasificadas en cuatro niveles según la gravedad de la infracción. Para el nivel 1, la sanción es de 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente $94.900 pesos. Para el nivel 2, la multa asciende a 8 salarios mínimos diarios, es decir, $189.000 pesos. En el nivel 3, la infracción costará 16 salarios mínimos diarios, lo que representa $379.600 pesos. Finalmente, el nivel 4 impone una sanción de 32 salarios mínimos diarios, equivalentes a $759.200 pesos.
En el caso de eventos culturales o artísticos, se permitirá un nivel de ruido más alto, pero los organizadores deberán contar con una autorización previa de las autoridades locales. En caso de incumplimiento, las sanciones dependerán del número de asistentes y pueden oscilar entre $142 millones y $1.138 millones de pesos.
Esta ley responde al incremento de quejas por contaminación auditiva en el país, como ocurrió en Cartagena, donde las denuncias aumentaron un 80% en 2024. Con esta normativa, el Gobierno busca ciudades más serenas y un ambiente que favorezca la salud de los ciudadanos.
