Nuevo escándalo sacude a David Racero, ahora con su patrimonio
Resumen
David Racero enfrenta controversia por discrepancias en sus declaraciones patrimoniales y audios que sugieren prácticas clientelistas. Su justificación sobre la liquidación de un negocio ha sido cuestionada, erosionando su credibilidad y revelando desconfianza en la política.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, enfrenta una creciente controversia por una serie de hechos que comprometen su credibilidad pública y su rol dentro del Congreso.
Uno de los puntos más sensibles es la notoria discrepancia entre sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024. Mientras que en el primer reporte informó activos por más de 1.680 millones de pesos, en la más reciente omite cualquier bien, deuda u obligación, dejando en blanco los apartados clave y reportando solo su ingreso como congresista. Esta inconsistencia ha despertado sospechas sobre la transparencia de su comportamiento financiero y ha intensificado el escrutinio público sobre su gestión.
A este hecho se suman los polémicos audios revelados por el periodista Daniel Coronell y difundidos por W Radio, en los que se escucha a Racero discutiendo condiciones laborales presuntamente abusivas y mencionando intercambios de favores entre entidades públicas. Las grabaciones sugieren prácticas clientelistas e incluso tratos laborales sin prestaciones sociales ni horarios razonables, lo que ha generado reacciones adversas de figuras políticas como Miguel Uribe y Miguel Polo Polo, quienes han pedido acciones por parte del Ministerio del Trabajo y mayor vigilancia institucional.
La justificación ofrecida por Racero —que la desaparición de sus bienes se debe a la liquidación de un pequeño negocio familiar durante la pandemia— ha sido puesta en entredicho, dado que en 2023 aún figuraba como propietario de un local comercial valuado en más de 740 millones de pesos. Aunque colaboradores cercanos aseguran que aún posee bienes por más de 970 millones y un vehículo, estos no han sido reportados oficialmente en el Aplicativo para la Integridad, como exige la ley para los servidores públicos.
En un intento por desmarcarse de los señalamientos, Racero solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue. En su defensa, ha calificado la situación como un "linchamiento mediático" que busca frenar reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la laboral y la consulta popular. Sin embargo, el impacto de los audios y las inconsistencias patrimoniales han erosionado significativamente su imagen, en especial considerando que ocupó un rol de alta visibilidad como expresidente de la Cámara.
Este caso se inscribe en una serie de escándalos que reflejan la desconfianza ciudadana frente a prácticas políticas tradicionales y plantea preguntas de fondo sobre los mecanismos de control patrimonial, la ética pública y la rendición de cuentas en Colombia. El desenlace dependerá de la respuesta institucional, el avance de las investigaciones judiciales y la presión mediática, pero desde ya marca un episodio más en la tensión entre el discurso de renovación política y las acciones concretas de quienes ocupan cargos de poder.
