Nuevo llamado al Ministerio de Salud por grave crisis en el flujo de recursos del sistema de salud

Aunque el giro directo de la ADRES aumentó un 27,2%, la deuda con los hospitales públicos pasó de $12,5 billones a $16,28 billones en sólo nueve meses, y una alta concentración de recursos girados a los prestadores privados. El flujo de recursos en la red prestadora de servicios, compuesta por las EPS intervenidas y no intervenidas, registra márgenes de 80% para el privado y 20% para el público. Para la Contraloría es preocupante la asfixia financiera de la red pública hospitalaria, toda vez que tiene responsabilidad de atención en más de 600 municipios del país, especialmente en las zonas más alejadas del país.

La Contraloría General de la República reitera la advertencia emitida en 2023 a la Supersalud, sobre el grave y progresivo deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, situación que amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

Tras un análisis de las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, la Contraloría evidenció que los riesgos advertidos hace dos años no solo persisten, sino que se han agravado de manera significativa.

El incremento acelerado de la cartera hospitalaria, el deterioro del flujo efectivo de pagos y la profundización de la crisis financiera de los hospitales públicos están afectando de manera directa la continuidad, la oportunidad y la calidad en la prestación de los servicios de salud.

El órgano de control señala que persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido.

Ante este escenario, la Contraloría considera necesario reiterar la Advertencia y vincular al rector del sistema, al constatar que la problemática compromete de manera directa al Ministerio de Salud y Protección Social, en su calidad de responsable del diseño, la regulación y la supervisión de los mecanismos de financiación y del flujo de los recursos.

De acuerdo con información suministrada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42% entre el 2024 y el 2025, al pasar de $4,5 billones a $6,4 billones. Esta brecha entre lo facturado y lo efectivamente pagado ha impactado severamente la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos.

El análisis de la entidad evidencia que, en el 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones, pero solo recibieron pagos por $15,7 billones (84%), generando una cartera equivalente al 16%. Entre enero y septiembre de 2025, la situación se deterioró aún más: Se facturaron $16,3 billones y se pagaron únicamente $12,6 billones (77%), lo que representa una caída de 7 puntos porcentuales en la oportunidad de pago.

Por nivel de complejidad, la reducción en los pagos afecta a toda la red hospitalaria pública:

Si bien el giro directo de la ADRES aumentó en promedio mensual de $846 mil millones en 2024 a $1,076 billones en 2025 (27,2%), este incremento no se ha reflejado en la mitigación de la cartera. La deuda de la red pública hospitalaria pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 30% en solo nueve meses.

Adicionalmente, la Contraloría observó una alta concentración del giro directo en prestadores privados, que recibieron el 67,7% de los recursos en 2025, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23,2%, reflejando una distribución inequitativa del mecanismo de pago.

Desde la perspectiva del control fiscal, la Contraloría advirtió que las demoras en los giros incrementan el riesgo de desfinanciamiento institucional, afectan la eficiencia en el uso de los recursos públicos y pueden derivar en mayores presiones fiscales futuras para el Estado, configurando un riesgo de daño patrimonial conforme al artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

La Contraloría hace un llamado nuevamente y con preocupación a la Nueva EPS, la cual continua sin presentar estados financieros desde el 2023 y que de manera reiterada este órgano de control le ha venido solicitando. El órgano de control pudo verificar con la ADRES, que existen recursos correspondientes a presupuestos máximos de la Nueva EPS disponibles para ser girados a las IPS, cuya aplicación inmediata permitiría aliviar la situación financiera, especialmente en los niveles de baja complejidad de la red pública. 

Finalmente, la Contraloría General de la República insta a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen el flujo oportuno de recursos hacia la red pública hospitalaria y eviten un colapso del sistema que pondría en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.