Con tapabocas negros marcados con una “X”, símbolo de censura e imposición, la comunidad de Vetas recibió a la Ministra de Ambiente, Lena Estrada. No obstante su llegada al Coliseo Municipal, fue tajantemente rechazada tras lucir una camiseta de “Sí a la Consulta Popular” en un espacio que no tenía carácter político.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Con profunda molestia e indignación, los casi mil habitantes de este municipio minero de Soto Norte, le exigieron a la alta funcionaria que el concepto que pretende imponer el Ministerio sobre la Delimitación del Páramo de Santurbán es errado e ilegal.

Con estudios técnicos y jurídicos las comunidades justificaron su petición, en medio de un evento que contó con la presencia de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y ambientales, y líderes sociales y políticos.

“Es evidente que la Ministra Lena Estrada llegó a cumplir una orden y a leer un concepto que ni ella ni su equipo hicieron. Ella tiene un total desconocimiento del tema porque abiertamente pidió los respaldos técnicos y jurídicos que ya los vetanos habíamos presentado desde hace mucho tiempo. A todos los que hemos pasado por más de 32 reuniones de delimitación nos quedó claro que ella no conoce a profundidad este proceso y hasta tuvo que suspender por media hora la reunión mientras preparaba una presentación más aterrizada a la realidad”, dijo Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y la Fundación Dignidad Minera.

El encuentro, lejos de ser un espacio de diálogo abierto y democrático, se convirtió en una clara expresión de malestar, frustración y cansancio por los reiterativos incumplimientos frente a la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó la delimitación participativa del Páramo de Santurbán, y así como por las demás medidas impuestas a la fuerza que acaban con la vocación minera de más de 400 años y los condena a la ilegalidad. 

“Tal y como lo dijo la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, la inconsulta, inconstitucional e ilegal Zona de Reserva Temporal fue tramitada en tan solo 97 días, mientras que la delimitación de Páramo ya acumula más de 2.679 días de retraso y va contando. Es muy sospechoso el afán por declarar la Zona de Reserva que contrasta con la total negligencia para delimitar el Páramo. Es evidente que no hay interés y que tampoco nos quieren escuchar, han llegado más de cinco ministros al municipio a hacer lo mismo: nada. A la ministra Lena Estrada le pedimos que no siga deslegitimando los espacios de concertación para la delimitación de Santurbán en los que participaron los vetanos y vetanas”, expresó la líder minera.

De acuerdo con González, el reclamo de Vetas no es aislado. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han sido claras en advertir al Tribunal Administrativo de Santander sobre los reiterados incumplimientos que el Ministerio de Ambiente ha tenido en el cronograma para dar cumplimiento a la Sentencia T-361 de 2017, afectando los derechos de participación y protección ambiental de las poblaciones involucradas.

“El comunicado del Ministerio de Ambiente solidarizándose con el Comité de Santurbán por supuestas estigmatizaciones que, en realidad, hemos sufrido nosotros por el solo hecho de ser mineros, es inaceptable porque evidencia el trato inequitativo, improvisado y políticamente sesgado que hay por parte del Gobierno Nacional hacia nosotros los habitantes de Vetas y todo Soto Norte. Somos trabajadores, no criminales”, precisó.

Por lo anterior, públicamente se le pidió a la Ministra Estrada que se declare impedida para continuar liderando cualquier proceso de concertación en el territorio, dado que sus últimas actuaciones le han hecho perder legitimidad y credibilidad y es claro que está siguiendo el mismo camino politizado, centralista y excluyente de su antecesora en esa cartera ministerial.

Los vetanos insisten en no aceptar una agenda ambiental desconectada de la realidad de los territorios y que los discrimina por su identidad minera.

Duro reclamo de la Procuraduría al

MinAmbiente: “No más incumplimientos”

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo entregaron su informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, la orden judicial que exige la delimitación participativa del páramo Jurisdicciones - Santurbán - Berlín, un ecosistema clave para la conservación hídrica, la biodiversidad y los derechos fundamentales de comunidades en Santander y Norte de Santander.

El documento pone en evidencia reiterados incumplimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), incluyendo la omisión, por tercera vez consecutiva, del informe cuatrimestral de evaluación, lo que impide el seguimiento judicial y vulnera el derecho ciudadano a la información.

Se advierte además que, a más de siete años de emitida la sentencia, el acto administrativo de delimitación aún no ha sido expedido, agravando la crisis ambiental y social en la región, con incremento de minería ilegal, informalidad laboral y deterioro del tejido comunitario.

También se detallan graves fallas en la participación ciudadana, ya que, de las siete mesas de trabajo previstas, solo se realizó una, en Bochalema, dejando por fuera a comunidades de 13 municipios. Refiere además que las estrategias de divulgación han sido insuficientes, especialmente en zonas rurales con baja conectividad, lo que contraviene el Acuerdo de Escazú.

Para el ente de control y la Defensoría genera particular inquietud la Resolución 221 de 2025 del MADS, tramitada en solo 97 días sin garantizar la participación ciudadana efectiva, ignorando más de 8.000 firmas de oposición y vulnerando derechos fundamentales; además, advirtiendo que esta medida no sustituye el proceso de delimitación del páramo ordenado por la Corte Constitucional.

Ante estos hechos, las entidades solicitaron al Tribunal evaluar sanciones por posible desacato, rechazar nuevas prórrogas, suspender la Resolución 221 de 2025 y exigir al MADS reiniciar el proceso garantizando participación ciudadana, debido proceso ambiental y respeto al Acuerdo de Escazú. También pidieron priorizar la delimitación como requisito previo para cualquier otro instrumento de gestión ambiental.