Resumen
Organizaciones internacionales condenan la represión tras el fraude electoral en Venezuela, exigen respeto a los derechos fundamentales y denuncian el uso desproporcionado de la fuerza en las protestas post-electorales. Instan a las autoridades a frenar la violencia y respetar la protesta pacífica.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Amnistía Internacional, CEJIL, CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights emitieron un contundente comunicado conjunto en respuesta a la represión tras el fraude electoral en Venezuela y la criminalización de las protestas.
El comunicado condena las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro y exige el respeto a los derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Las organizaciones denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas durante las manifestaciones post-electorales.
''El contexto de las protestas, que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ha estado marcado por cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral. El Centro Carter, una de las misiones de observación técnica internacional acreditadas, señaló que ‘la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática'', apunta el comunicado.
Las organizaciones enfatizan que las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta, esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. También critican los discursos que incitan a la violencia contra quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente y advierten contra la estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil. Recordaron que Nicolás Maduro había amenazado con un “baño de sangre” en caso de perder.
El comunicado también destaca que, desde la celebración de las elecciones, se han registrado al menos 11 muertes y el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad. “El uso de fuerza letal para controlar manifestaciones es arbitrario y puede constituir una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial”, demandaron.
El comunicado subraya que Venezuela está obligada a respetar y proteger los derechos de manifestantes, observadores, transeúntes y periodistas según su Constitución y el derecho internacional. Instan a las autoridades a desescalar la violencia, utilizar medios no violentos y respetar el derecho a la participación política.
