Ortega y Murillo eliminan la doble nacionalidad en Nicaragua y afianzan su control autoritario

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un nuevo paso en su ofensiva contra la disidencia política y el pluralismo institucional al aprobar este viernes, de manera unánime, una reforma constitucional que elimina la posibilidad de la doble nacionalidad para los ciudadanos nicaragüenses. La medida, promovida directamente por la pareja presidencial, fue respaldada sin objeción por los 91 diputados oficialistas en una sesión especial de la Asamblea Nacional celebrada en Niquinohomo, cuna del héroe nacional Augusto C. Sandino.

“El que adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”, justificaron Ortega y Murillo en el documento legal que acompañó la modificación de los artículos 23 y 25 de la Carta Magna. La reforma establece que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”, con una única excepción para ciudadanos centroamericanos.

Durante la transmisión oficial por el canal parlamentario, Gustavo Porras, presidente del Legislativo y figura clave del régimen, defendió la enmienda como una acción “absolutamente democrática”, encomendada directamente por Ortega y Murillo. La votación coincidió con la conmemoración del 130º aniversario del nacimiento de Sandino y se inscribe dentro de una serie de reformas institucionales orientadas a afianzar el poder absoluto del binomio presidencial.

Aunque la enmienda aún requiere ratificación en una segunda legislatura en 2025, representa una herramienta jurídica clave para seguir despojando de su nacionalidad a opositores, activistas y periodistas críticos, como ya ha ocurrido con cientos de ellos desde 2018. En ese año, el país fue sacudido por una oleada de protestas sociales cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. Desde entonces, el régimen ha justificado sus acciones represivas como parte de una defensa frente a un supuesto intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos.

La reforma anunciada este viernes se suma a una más amplia adoptada en febrero, mediante la cual se legalizó la apatridia, se eliminó el equilibrio entre los poderes del Estado y se oficializó la figura de la “copresidencia”, permitiendo que Ortega y Murillo compartan formalmente el control del poder ejecutivo. Entre los cambios más polémicos están también la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la centralización del poder en manos del Ejecutivo, la derogación de artículos que prohibían la tortura, y la creación de cuerpos parapoliciales como las llamadas “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria”.

Además, se elevó a símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que, a juicio de organizaciones defensoras de derechos humanos, representa la definitiva fusión del partido con el Estado.

La comunidad internacional ha respondido con preocupación. Organismos como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y gobiernos como el de Estados Unidos han calificado estas reformas como un grave retroceso democrático que busca perpetuar en el poder a Ortega, de 79 años, y su esposa. En contraste, dentro del país la oposición continúa debilitada, silenciada o en el exilio, mientras el régimen avanza en la institucionalización de un modelo político autoritario que ya no oculta su propósito: eliminar todo resquicio de disenso.