Paloma dice que tiene cómo probar que Petro quiere atropellar el derecho a la propiedad privada, incluso después de su salida del gobierno

A solo 16 días del cambio de Gobierno, una nueva controversia sacudió el escenario político colombiano. La excandidata presidencial y senadora Paloma Valencia lanzó una dura ofensiva contra la administración de Gustavo Petro tras la expedición del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, al que calificó como una amenaza directa contra la propiedad privada y un intento de modificar, por vía administrativa, reglas que, según ella, solo pueden ser cambiadas por el Congreso o mediante decisiones judiciales.

La denuncia abrió un nuevo frente de confrontación alrededor de la reforma agraria impulsada por el Gobierno saliente. Mientras el Ejecutivo sostiene que las nuevas disposiciones buscan agilizar el saneamiento jurídico de los predios destinados a la redistribución de tierras, la oposición afirma que el decreto desborda las facultades reglamentarias y vulnera garantías fundamentales sobre la propiedad.

A través de sus redes sociales, Valencia aseguró que el Gobierno "acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia", afirmación que acompañó con un análisis jurídico en el que cuestionó el alcance de la nueva normativa.

Según la congresista, el Decreto 0765 excede "de forma peligrosa las facultades de la ley", al permitir que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pueda cancelar gravámenes, generar efectos registrales a partir de una promesa de compraventa y adelantar procesos de administración anticipada de predios sin que exista una entrega material del inmueble.

Para Valencia, estas disposiciones no representan una simple reglamentación técnica de la Ley 160 de 1994, sino una modificación sustancial del régimen registral colombiano.

"Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores", sostuvo la dirigente política, quien anunció que el decreto podría terminar siendo demandado ante el Consejo de Estado por presunta ilegalidad e inconstitucionalidad.

El documento expedido por el Ministerio de Agricultura adiciona varios decretos reglamentarios relacionados con los sectores agropecuario, justicia y hacienda, con el propósito de establecer mecanismos para el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras dentro del proceso de reforma agraria.

Uno de los puntos que más controversia despertó establece que la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear un código registral especial para identificar los predios declarados de utilidad pública o aquellos sobre los cuales la ANT cuente con una promesa de compraventa y un acta de entrega, permitiendo registrar esa situación en los folios de matrícula inmobiliaria.

Aunque el decreto precisa que dicho código tendrá un carácter exclusivamente publicitario y que no constituye una limitación al dominio, la oposición considera que la medida abre la puerta a intervenciones estatales que podrían afectar la seguridad jurídica de los propietarios.

Valencia también cuestionó la rapidez con la que, según ella, fue tramitada la norma. Señaló que el proyecto permaneció apenas seis días en consulta pública dentro del sistema SUCOP, entre el 2 y el 8 de julio, y que posteriormente fue firmado el 15 de julio por ministros encargados, en la recta final del mandato presidencial.

Desde su perspectiva, esa celeridad refleja la intención del Gobierno de dejar en firme decisiones de alto impacto antes de concluir su administración.

"La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho", afirmó la excandidata presidencial, quien advirtió que, si el decreto es anulado posteriormente por la jurisdicción contencioso administrativa, podrían generarse conflictos jurídicos complejos sobre los procesos de transferencia de tierras que se adelanten mientras la norma permanezca vigente.

Las declaraciones de Valencia intensifican un debate que ha acompañado durante todo el cuatrienio al Gobierno Petro: hasta dónde pueden llegar las facultades del Ejecutivo para acelerar la reforma agraria sin afectar las garantías constitucionales sobre la propiedad privada.

Mientras sectores afines al Gobierno defienden que las medidas buscan superar décadas de lentitud en la formalización y redistribución de tierras para campesinos, la oposición sostiene que el afán por ejecutar esa política pública no puede traducirse en decisiones que, a su juicio, alteren el equilibrio institucional ni debiliten los controles judiciales y registrales previstos por la legislación colombiana.

El choque político promete trasladarse ahora al terreno jurídico, donde el Consejo de Estado podría tener la última palabra sobre la legalidad de un decreto que, incluso antes de entrar plenamente en aplicación, ya se convirtió en uno de los actos más controvertidos del Gobierno de Gustavo Petro en sus últimos días de mandato.