Resumen
Pequeños mineros y líderes sociales en Colombia se manifiestan contra el decreto 044 del Ministerio de Ambiente que puede declarar Zonas de Reserva Temporal sin estudios técnicos, pues eso amenaza sus medios de vida. Anuncian movilizaciones y acciones legales para proteger sus derechos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Líderes sociales y asociaciones de pequeños mineros pidieron dejar sin efecto el decreto 044 que le permite al Ministerio de Ambiente declarar Zonas de Reserva Temporal sin estudios técnicos, pues esto acabaría con sus actividades económicas condenando a miles de personas a la ilegalidad. Anunciaron marchas y movilizaciones de los mineros tradicionales, para impedir que se vulneren sus derechos al trabajo y a la participación en decisiones que los afectan.
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Con pancartas, arengas, chiflidos y protestas, los habitantes de California, Suratá y Vetas en Soto Norte (Santander), rechazaron la presencia en California de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien ha anunciado que declarará una zona de reserva temporal de recursos naturales en toda la provincia, haciendo uso del Decreto 044, lo que afectaría las actividades económicas de las que dependen más de 15 mil paramunos.
Según explicó Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), esta declaratoria condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que por años han intentado formalizarse para ejercer su actividad legal y responsablemente. “No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la Ministra cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga que no nos representan. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, se hace sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”, indicó Maldonado.
Por su parte, Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, expresó su profunda preocupación por esta medida inconsulta, que pasa por encima de los acuerdos entre la comunidad y el propio Gobierno alcanzados durante los últimos 2 años en las mesas de delimitación del páramo de Santurbán, y que según esta líder social estaría violando varios derechos fundamentales.
“La resolución del Gobierno Nacional sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Ya no solo estamos sometidos a la desidia del Estado que nos ha impedido formalizarnos, sino que nos quieren violar nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales. De un plumazo acaban con 400 años de minería tradicional”, afirmó González.
En el mismo sentido, Daniel Maldonado, representante de la Asociación de Mineros Tradicionales de Suratá, rechazó la persecución sistemática a la minería en su territorio y las consecuencias de decisiones arbitrarias, que no tienen fines de protección ambiental y carecen de sustento técnico.
“En este Gobierno hablan del Acuerdo de Escazú, pero vulnera nuestra participación y deja en evidencia su desprecio por los procesos de concertación. Queremos dejarle claro a Santander y al país que nosotros no hacemos minería dentro del Páramo, que sabemos que eso no lo permite la Ley, pero no por eso nos pueden obligar a dejar de ser mineros. Somos mineros, y no queremos dejar de serlo. Todo esto es una estrategia para desacatar las sentencias de la Corte Constitucional para extender la delimitación del Páramo hasta Bucaramanga, y así acabar con la minería en nuestro territorio”, afirmó el líder de los pequeños mineros.
Comunidades advierten que hubo una convocatoria engañosa, sin la garantía que ofrecen la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y vulnerando los derechos a la igualdad, la participación ciudadana, la identidad cultural y el mínimo vital de miles de habitantes de Soto Norte. Asociaciones mineras indican que el Ministerio de Ambiente quiere imponer una nueva restricción territorial para “hacerle conejo” a la delimitación del páramo de Santurbán y a la sentencia de la Corte Constitucional, sometiendo a miles de personas a un desplazamiento forzado.
Los líderes sociales de Soto Norte denunciaron también que el Ministerio de Ambiente hizo una convocatoria engañosa, utilizando logos del proceso de delimitación para una discusión diferente, y sin la presencia de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. “Es absurdo que para un tema que afecta a 30 mil paramunos, el Ministerio de Ambiente quiera que solo hablen 2 personas por municipio, y elegidas por ellos mismos. Esto vulnera todos los derechos”, denunció Ivonne González.
Ante el inminente anuncio del Ministerio de Ambiente, los líderes sociales, mineros de pequeña escala, y paramunos en general, anunciaron que realizarán movilizaciones y acciones jurídicas para impedir que se vulneren los derechos de estas poblaciones con una declaratoria de reserva temporal inconsulta y arbitraria.
