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Pedirán a la CIDH que le exija a Colombia asumir responsabilidad de la desaparición de una joven ambientalista

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Resumen

La Comisión Colombiana de Juristas ha solicitado ante la CIDH que se declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la desaparición forzada de la activista medioambiental Sandra Viviana Cuéllar Gallego, caso que lleva una década sin resolver.

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Ante la falta de avances en la justicia nacional, en las últimas semanas la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, para que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la desaparición forzada de Sandra Viviana Cuéllar Gallego.

La última vez que vieron a la ambientalista fue el 17 de febrero de 2011, cuando viajaba de Cali a Palmira. Ella tenía 26 años al momento de su desaparición. Sandra era ingeniera ambiental y defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; también denunció la tala de árboles, así como el saqueo y la destrucción de cuencas, humedales, páramos y bosques de Colombia.

La conservación de la naturaleza, especialmente la del río Cauca, se convirtió en una causa personal para esta activista. Junto con otros líderes, luchó para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de los ingenios de caña. Su dedicación la llevó a unirse a la organización Censat Agua Viva en 2009.

Ha pasado más de una década en la que el caso no ha tenido avances en su esclarecimiento y en la búsqueda de la defensora, y los responsables de la desaparición siguen en impunidad. La investigación que llevaba la Fiscalía, que permaneció más de 13 años en fase preliminar, fue cerrada en 2022 porque supuestamente no existían elementos de prueba que indicaran quién desapareció a Sandra y por qué.

La Comisión Colombiana de Juristas expuso este caso ante la CIDH por la vulneración de los derechos a la personalidad jurídica, la vida, integridad personal, libertad personal y garantías de protección judicial por la desaparición de Sandra Viviana. Su familia espera que este órgano internacional admita el caso para analizarlo.

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