Peligrosa intromisión de Estados Unidos en la administración de justicia colombiana
Resumen
La intervención de Estados Unidos en el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez es vista como una violación de la independencia judicial de Colombia, desestimando el debido proceso y la soberanía nacional.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Si bien es cierto que no estamos de acuerdo en la forma como se condujo el juicio, cómo se tasaron las pruebas y en el veredicto, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, rechazamos de forma contundente la descarada intromisión de Estados Unidos en la justicia colombiana, lo cual representa un agravio inaceptable.
Al cuestionar el fallo contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, el secretario de Estado, de Estados Unidos, Marco Rubio, traspasa límites diplomáticos, vulnera la independencia judicial y viola el principio fundamental de soberanía nacional.
Estados Unidos acostumbra a erigir a sus funcionarios como jueces de procesos ajenos. Con su mensaje en X, Rubio desconoció la autonomía de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Esa corporación disfruta de independencia y está integrada por magistrados elegidos mediante procedimientos claros. Su actuación no merece descalificaciones sin fundamento.
El proceso contra Uribe comenzó con una investigación rigurosa. Dos magistrados, apartados de influencias políticas, determinaron existencia de indicios. La jueza Sandra Heredia, al dictar condena, presuntamente se la investigará por prevaricato, respetó las garantías procesales.
Audiencias públicas, transmisión en directo y oportunidad de defensa técnica configuraron un escenario transparente. La apelación figura como etapa obligatoria. Un Tribunal Superior revisará las pruebas, el derecho a recurrir permanece intacto.
La defensa del expresidente accederá a estos recursos. Ese itinerario judicial demuestra madurez institucional y confirma que ningún ciudadano escapa al imperio de la ley.
Cualquiera que minimice este procedimiento convierte la diplomacia en intromisión. No admite discusión el derecho al debido proceso establecido en la Constitución de 1991
La división de poderes constituye pilar del Estado de derecho y atentados verbales provenientes del exterior socavan confianza en las instituciones. Colombia carece de privilegios para figuras políticas, sin importar prestigio o trayectoria. El reconocimiento de ese deber corrobora competencia de jueces y valor de sus sentencias.
Colombia debe proponer un pacto de no intervención, con eso se contribuirá a fortalecer la institucionalidad e invitar a Estados Unidos para recabar información a través de canales regulares, sin injerencias públicas, restaurará relaciones de cortesía.
Una cooperación bilateral rendirá mejores frutos si se basa en reciprocidad y principio de no injerencia, con lo cual se cercena esa conducta que envía un mensaje equivocado en la arena internacional.
Esa peligrosa intromisión de Estados Unidos en la justicia colombiana genera la amenaza de que países con antecedentes autoritarios aprovechen precedente para justificar presiones similares.
El respeto al ordenamiento jurídico colombiano no admite excepciones ni intervenciones críticas sin sustento o difamaciones políticas, porque eso erosionan la legitimidad de los tribunales, es por eso por lo que resulta imperativo que ningún aliado se preste para presionar a los jueces.
Hacemos un llamado contundente y convocante, para todos los colombianos, a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía sobre nuestra justicia.
Quienes dicen apoyar la democracia deben respetar la autonomía judicial con una reacción decidida y no con aguas tibias que lo único que hacen es convertirse en veletas a merced del viento, agarrados a sus intereses políticos y personales.
