Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En medio del debate sobre el alza del diésel en Colombia, la tensión entre el Gobierno y el sector de transporte se ha intensificado. La perspectiva apocalíptica de algunos líderes del gremio de transportadores, quienes advierten que el aumento podría llevar a la quiebra del sector, merece una evaluación cuidadosa.
Aunque es comprensible la preocupación por los costos adicionales, es esencial considerar el panorama económico general y la sostenibilidad a largo plazo.
El aumento proyectado en el precio del diésel responde a la necesidad imperiosa de cerrar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que se estima en $12 billones.
Esta cifra representa un subsidio que actualmente recae sobre los impuestos de todos los colombianos. Mantener el precio del diésel por debajo de su valor real no sólo perpetúa una carga económica injusta para los ciudadanos, sino que también impide que el Gobierno dirija esos recursos hacia inversiones más urgentes y necesarias.
Los transportadores han expresado que el alza de precios y el reciente incremento en los peajes, que subieron un 4,64%, podrían resultar en la inviabilidad financiera del sector.
El presidente de la Cámara Intergremial de Transporte, Alfonso Medrano, ha utilizado términos alarmistas, sugiere que el aumento de costos podría llevar al colapso total del transporte, un sector crucial para la economía del país, porque se acostumbraron a llenarse los bolsillos, pero no a invertir ni pagar precios justos.
Porque si ese peligroso incremento de amenazas por parte de los transportadores sobre la inminente quiebra e cierto, entonces que cambien de negocio y estamos seguros que si lo hacen, también piden subsidios onerosos porque están acostumbrados a que los demás colombianos paguen sus deberes.
El ajuste en los precios del diésel no es una decisión arbitraria, sino respuestas a la realidad económica que enfrenta el país. La suspensión del aumento en los peajes haría insostenible el mantenimiento de las vías, afecta la calidad del transporte y, por ende, la economía nacional.
En cuanto a la inflación, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, argumenta que el impacto del aumento del diésel en los precios al consumidor es diluido e indirecto.
El ajuste en los precios del diésel es una medida necesaria para asegurar la sostenibilidad económica del país. La oposición del sector de transporte, aunque válida en términos de preocupación por costos, debe ser balanceada con el conocimiento que tienen del negocio y proyectar el gasto sin que el resto de colombianos los hagamos millonarios.
Los transportadores no quieren invertir en su propio negocio porque los sacan de su zona de confort y por eso amenazan y crean una perspectiva surrealista para mantener subsidios que perjudican la economía nacional, en todo su conjunto.
