Peligroso entramado con los CPS en las administraciones municipales

La manipulación de los Contratos de Prestación de Servicios, CPS, en Bucaramanga y Girón, en el caso de Santander y que no escapa a otros municipios ni entidades del país, prende una alarma que no puede ignorarse, porque la contratación pública se convierte en instrumento electoral que coarta la libertad del votante y salpica las instituciones.

Las denuncias, presentadas en las últimas horas en Bucaramanga, sobre contratistas presionados para aportar treinta personas que luego serían convertidas en votos revelan un mecanismo de coacción que distorsiona el juego democrático.

La opacidad en la información oficial agrava el problema. No existe un consolidado claro que permita conocer cuántos contratos se firmaron entre enero de 2024 y septiembre de 2025 ni cuánto representan en total.

La documentación dispersa por dependencias, la variedad de modalidades contractuales y la ausencia de cortes uniformes impiden verificar cifras completas y comprobar la magnitud del gasto.

Esa falta de claridad abre espacio para que el poder administrativo utilice los CPS como herramienta de moneda política, porque fuentes extraoficiales señalan que el monto estimado supera los cien mil millones de pesos, una cifra que otorga influencia suficiente para condicionar a quienes dependen de ese ingreso.

Cuando la continuidad laboral se transforma en un instrumento de presión electoral, la autoridad gubernamental deja de servir al ciudadano y pasa a servirse de él y es allí en donde se asesina la democracia posible bajo ese clima perverso de intimidación.

Los entes de control deben actuar con determinación. Les corresponde revisar contratos, identificar responsables, proteger denunciantes y asegurar que todo convenio responda a necesidades reales, no a intereses particulares o de partidos políticos

Las administraciones involucradas tienen el deber de abrir sus archivos, entregar información íntegra y someterse a verificación independiente, porque ese peligroso entramado con los CPS en las administraciones municipales genera una sensación de corrupción rampante.

La ciudadanía tampoco puede permanecer al margen. Las organizaciones sociales, los medios de comunicación serios y sin compromisos económicos y las veedurías deben exigir transparencia inmediata y denunciar cualquier forma de coacción.

Lo que está en juego no es una contienda electoral cualquiera, la cual es específica para las elecciones atípicas en Bucaramanga y Girón que proveerán el alcalde por los próximos dos años, está en juego la integridad del voto y el equilibrio institucional.

Esta forma de imposición se transforma en violencia laboral y, con eso, la democracia se fractura cuando el sustento de una familia depende de obedecer órdenes políticas y le corresponde a la justicia restablecer la confianza exige frenar este entramado sin titubeos.

Si los trabajadores bajo esa leonina figura de Contrato por Prestación de Servicios, CPS, son ‘ordeñados’ por quienes los recomiendan para que les entreguen parte de su mensualidad, o son utilizados como palanca votante, la autoridad pierde moral y el proceso electoral pierde legitimidad Tolerar esto sería aceptar que la voluntad popular se compra con temor y ese es un precio que ninguna sociedad puede permitirse negociar.