Resumen
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Señalar de falsedades a los pequeños mineros artesanales y a los cultivadores de los municipios de Soto Norte se convirtió en un lugar común para todos los mandatarios que pasan por la Alcaldía de Bucaramanga, quienes cuatrienio tras cuatrienio utilizan con habilidad artilugios lingüísticos para renovar el tema de una supuesta amenaza latente del agua que consumimos en el Área Metropolitana de Bucaramanga.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Asociaciones de pequeña minería, organizaciones sociales, y líderes lideresas campesinas y comunitarias de California, Vetas, Suratá y Matanza en Santander, manifestaron su rotundo rechazo a la marcha organizada por un grupo activista ajeno a su provincia, que pide acabar y prohibir la actividad minera que es pilar fundamental para la economía de 35 mil personas de esta provincia, a través del Decreto 044 con el que el Ministerio de Ambiente pretende imponer zonas de reserva de forma arbitraria.
“Lo primero que se debe aclarar es que los activistas que dicen “hay que marchar porque hay riesgo de megaminería en el Páramo Santurbán”, es una mentira porque en Santurbán no solo nunca ha existido la megaminería, sino que no va a existir porque el Páramo ya está protegido por la Ley 1930 que prohíbe expresamente la minería en los páramos. Siguen engañando a los bumangueses para ganar votos con una mentira repetida mil veces”, indicó Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo Territorial de Soto Norte (Consotonorte).
El líder social, afirmó también que “nosotros, los habitantes de Soto Norte, renunciamos a los terrenos que teníamos allí y nos acogemos y respetamos la Ley. Lo que no se puede podemos permitir es que la prohibición se extienda fuera del Páramo sin ningún argumento técnico, afectando a quienes estamos por fuera y somos legales. Eso es inaudito”.
La comunidad minera recalca que se han implementado procesos de formalización y buenas prácticas mineras, con el propósito de proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida en la región. Sin embargo, la politización de las problemáticas ambientales, en especial por los partidos adeptos al Gobierno de Gustavo Petro, amenaza con desviar la atención de las verdaderas soluciones sostenibles y concertadas con la comunidad y plantear el debate en un falso dilema del oro contra el agua.
Por su parte, Ivonne González, directora de la Asociación de Pequeños mineros de Vetas (Asomineros Vetas), indicó que “atacar la formalización minera es atacar la legalidad, y condenarnos nuevamente a ser ilegales, a la pobreza, y al desplazamiento. El Decreto 044 le abre la puerta a la ilegalidad, y nosotros no queremos fusiles sacando oro en nuestro territorio. Le rogamos al Consejo de Estado que haga respetar nuestros derechos y evite una masacre económica contra todas nuestras familias".
La líder minera aseguró también que “lo que convocan hoy en Bucaramanga es una marcha politiquera, que se repite cada 4 años, convocada por todos esos congresistas, concejales y diputados del petrismo. Es evidente que están haciendo la “jugadita” para la reelección de Petro y o el inicio de la campaña presidencial de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. En la marcha del 2018 vino la presencia de las Farc con sus banderas, hoy los veremos marchando, pero como senadores”.
De otro lado, Jorge Abad Maldonado, gerente de Calimineros S.A.S., una empresa que hace más de 5 años fue conformada por 160 pequeños mineros que pasaron de la ilegalidad a la legalidad, afirmó que “el bienestar de miles de familias no puede ser ignorado ni sacrificado en nombre de intereses políticos. Nosotros hemos cumplido con la ley, estamos trabajando por la formalización, queremos hacer minería legalmente y sin usar mercurio ni cianuro, y no nos pueden cerrar la puerta a la legalidad”.
Ante el anuncio del Ministerio de Ambiente de declarar arbitrariamente una zona de reserva ambiental sin concertación con la comunidad de Soto Norte, los campesinos, líderes sociales, mineros de pequeña y mediana escala, y la población de esta provincia en general, anunciaron que seguirán realizando movilizaciones y ejerciendo las acciones jurídicas que impidan que se vulneren sus derechos y la autonomía de sus territorios.
Protestas por la dignidad
Mientras que en Bucaramanga insisten para que su lucha ancestral por una actividad proteccionista se mantenga vigente, En Bogotá, mineros y campesinos de Santander protestaron esta semana contra el MinAmbiente por querer imponer áreas de reserva que afectarán a 35 mil habitantes de Soto Norte
Fueron más de 800 mineros, campesinos y agricultores provenientes de Santander y 6 departamentos más, protestaron en las instalaciones del Ministerio de Ambiente en Bogotá rechazando el Decreto 044 de 2024 y las Áreas de Reserva Temporal que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pretende imponer en varias regiones sin concertación con las comunidades ni estudios técnicos.
Según los manifestantes, esta medida arbitraria amenaza el trabajo de miles de mineros tradicionales y ancestrales, campesinos y personas dedicadas al agro, condenándolos a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento en una región como Soto Norte, donde por más de 500 años se ha realizado minería.
Con banderas, pancartas y arengas, los mineros mostraron su rechazo contundente a un Decreto gubernamental que consideran arbitrario y que no ha sido concertado con las comunidades afectadas como lo exige el Acuerdo de Escazú, impulsado por el propio Gobierno.
“Desde la Provincia de Soto Norte en Santander nos tocó venir a protestar hasta Bogotá porque la Ministra de Ambiente no nos escucha, y solo está confabulada con grupos activistas y politiqueros de Bucaramanga para imponernos el Decreto 044 y crear un Área de Reserva Temporal en toda nuestra Provincia. Con eso nos condenan a la pobreza, la ilegalidad y el desplazamiento a más 30 mil personas que vivimos de la minería ancestral y la agricultura* en esta zona de Santander”, indicó Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas.
Según explicaron, solo en el caso de Santander la Zona de Reserva afectaría más de 78 mil hectáreas (un área más grande que toda la zona urbana de Bogotá), lo que “borraría” del mapa a los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Tona y Charta, cuyas actividades productivas se volverían ilegales de un "plumazo" por el documento que se expediría desde el despacho de la ministra Muhamad.
“Nosotros somos los primeros cuidadores del Páramo de Santurbán porque allí han vivido nuestras familias, y queremos dejar claro que hoy el Páramo ya se encuentra protegido en su totalidad por la Ley. Pero ahora la Ministra quiere extralimitarse en sus funciones y prohibir prácticamente todas las actividades económicas por fuera del Páramo, incluso llegando en un amplio sector del norte de Bucaramanga. Nos va dejar sin tierra para trabajar”, afirmó Daniel Maldonado, vocero de los pequeños mineros de Suratá.
En total, más de mil representantes de las comunidades mineras y campesinas de Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Chocó, participaron de la movilización, que luego se dirigió al Consejo de Estado para pedirle que muy pronto falle a favor de las medidas cautelares al Decreto 044, y así defienda los derechos al trabajo, a la vivienda y a la participación de más de 35 mil personas.
“La Ministra se siente muy orgullosa de firmar el Acuerdo de Escazú y hablar de eso en la COP16 y en todos los escenarios posibles, pero no ha querido aplicarlo en Santander, Antioquia, La Guajira o Chocó, donde nos veremos afectados por el Decreto 044. Cuando se trata de este tema, la Ministra olvida que las políticas ambientales obligatoriamente deben construirse con las comunidades”, indicó la presidenta de Asomineros.
