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Pérdida de investidura para 9 congresistas por corrupción

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Resumen

El Consejo de Estado avanza en el proceso de pérdida de investidura para nueve congresistas involucrados en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad de Gestión del Riesgo, investigados por tráfico de influencias y violación de inhabilidades.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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Pérdida de investidura para 9 congresistas por corrupción

Consejo de Estado citó a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a los directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López y Sneyder Pinilla, a la exconsejera presidencial María Alejandra Benavides y nueve congresistas vinculados al escándalo. 

Escribe Sara Valentina Quevedo Delgado – Revista Semana

El proceso de pérdida de investidura contra nueve congresistas investigados o salpicados por el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) avanza en el Consejo de Estado. El alto tribunal, mediante auto del pasado 19 de febrero, ordenó la práctica de pruebas, decretó testimonios y citó a audiencia pública para definir si decreta la muerte política de las senadoras Martha Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez y Liliana Esther Bitar Castilla; de los senadores Julio Elías Chagüi Flórez y Juan Pablo Gallo Maya; y de los representantes Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.

La demanda fue interpuesta por el veedor Pablo Bustos, quien pide la pérdida de la curul por el presunto tráfico de influencias y la violación del régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses en los contratos que, según la acción, habrían tramitado como parte del entramado para favorecer el curso legislativo de las reformas del gobierno Petro y de sus proyectos económicos. Para sustentar las causales —que también tienen tipificación penal y por las que ya son indagados o investigados por la Corte Suprema de Justicia (seis de ellos están ad portas de ir a juicio)— el Consejo de Estado ofició pruebas al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía, a la Sala de Instrucción, entre otras entidades.

El paquete probatorio incluye los documentos, los registros de los testimonios de una docena de testigos ante autoridades judiciales y otros soportes relacionados con la actividad legislativa de los parlamentarios pertenecientes a la Comisión de Asuntos Económicos, a los presidentes de Senado y Cámara, además de algunos miembros de la ‘Comisión de Acusaciones que habrían recibido sobornos de los dos presidentes del Congreso.

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