Pérdida de investidura para trece diputados

Por: Oscar Jahir Hernández Rugeles

El exsecretario de la Asamblea de Santander, Jorge Arenas Pérez, podría pasar a la historia si, con su elección, llegara a darse la pérdida de investidura de trece de los dieciséis diputados del departamento. La reciente decisión judicial que anuló la elección de Arenas como secretario general para el periodo 2024 refleja una serie de errores procedimentales que llevaron al traste la transparencia del proceso y deja nuevamente al descubierto que la selección de los funcionarios públicos dentro de esa institución es un desastre total.

Errores y falta de transparencia. Entre los principales errores encontrados por el Tribunal Administrativo de Santander, en cabeza del magistrado Iván Fernando Prada Macías, se destaca el mal manejo de la convocatoria pública y el desarrollo del concurso de méritos. La cadena de custodia de las pruebas y la publicación de los resultados fueron cuestionadas por no seguir los principios de transparencia y equidad que deberían regir un proceso de esta envergadura. Además, el hecho de que Arenas Pérez haya sido simultáneamente candidato y supervisor del contrato mediante el cual se seleccionó a la entidad responsable del proceso, dejó en evidencia un claro conflicto de interés imposible de ocultar.

Implicaciones de la decisión. Las implicaciones de esta decisión van más allá de la anulación de la designación de Jorge Arenas Pérez. Si bien el mensaje sobre la importancia de mantener la integridad en los procesos de elección de funcionarios es claro, debe tenerse en cuenta que el tribunal dejó entre líneas la posibilidad de la pérdida de investidura para los trece diputados que participaron con su voto en una elección que estaba inmersa en la infracción de las normas en las que debía fundarse el acto electoral y en el claro conflicto de intereses del elegido. Según la ley, el régimen previsto para esa clase de conflictos es un ejercicio de autorrestricción que debía garantizar la rectitud e imparcialidad de sus funciones. Esta situación deja en una posición delicada, una vez más, a la Asamblea, que deberá corregir los errores cometidos y realizar un nuevo proceso de selección que esté a la altura de las exigencias legales.

Lo que sigue. A partir de esta sentencia, surge una situación nunca antes vista: la posible presentación de una demanda que dejaría a trece diputados sin su investidura política, excluyendo a Danovis Lozano, Diana Jimena Becerra y Francisco González Gamboa, quienes se retiraron del recinto por considerar que las ilegalidades del proceso eran más que evidentes, tal como lo confirmó el Tribunal en su sentencia de primera instancia, la cual tendrá que ser valorada por el Consejo de Estado en caso de ser apelada por alguna de las partes. Si la sentencia se confirma, las condiciones para que Santander vea la llegada de nuevos representantes a la duma departamental ya están dadas, porque en la política, como en la vida, la arrogancia siempre trae sus consecuencias a cuestas.