Perú estudia restaurar la pena de muerte tras aumento de violaciones a menores
El gobierno peruano ha anunciado la creación de una comisión especial encargada de evaluar la aplicación de la pena capital en casos de violación sexual de menores de edad, una medida que busca enfrentar el creciente problema de este delito en el país. La comisión, conformada por representantes del Estado y de la sociedad civil, tendrá como objetivo realizar debates
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El gobierno peruano ha anunciado la creación de una comisión especial encargada de evaluar la aplicación de la pena capital en casos de violación sexual de menores de edad, una medida que busca enfrentar el creciente problema de este delito en el país. La comisión, conformada por representantes del Estado y de la sociedad civil, tendrá como objetivo realizar debates públicos para discutir la ampliación de la pena de muerte, abolida en Perú desde 1979.
La propuesta se enmarca en el contexto de alarma social generado por la violencia contra menores, exacerbado por el asesinato de una niña de 12 años en Lima, cuyo caso incluye sospechas de agresión sexual. La presidenta Dina Boluarte, quien ha impulsado la iniciativa, destacó la urgencia de abordar este grave problema. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos subrayó que la comisión elaborará un informe final con sus conclusiones después de realizar debates en diversas regiones del país.
Perú ratificó en 1978 el Pacto de San José, que prohíbe la pena de muerte, por lo que cualquier intento de reinstaurarla requeriría una reforma constitucional. Aunque la pena capital fue abolida hace más de cuatro décadas, la legislación actual impone cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años.
El debate sobre la pena de muerte ha generado divisiones. Mientras la presidenta Boluarte y el partido Alianza para el Progreso defienden la medida, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha calificado la pena de muerte como "una medida salvaje" y se opone a su discusión. Además, Alianza para el Progreso ha presentado un proyecto de ley para retirar a Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos.
