Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Pese a que se asignaron recursos para la implementación del Acuerdo, no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. Así lo planteó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al instalar el Foro “Así va la Paz”, donde lanzó la Estrategia Control Paz Colombia, una novedosa herramienta para el seguimiento de los recursos destinados al posconflicto, que permite identificarlos, monitorear su gestión, ejecución y resultados.
La implementación del Acuerdo Final de Paz va rezagada en términos de resultados, gestión y en recursos, “El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad”, concluyó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al instalar el Foro “Así Va la Paz", realizado en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá.
El jefe del organismo de control presentó en este evento un completo balance sobre la utilización de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz que se firmó el 24 de noviembre de 2016.
Una de las principales conclusiones de este balance es que, pese a la asignación de recursos para la implementación del Acuerdo, en especial para el Punto 1 (Reforma Rural Integral), no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-. Esto debido a una ejecución desarticulada que compromete la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos.
El Contralor planteó una serie de desafíos y retos que tiene el Acuerdo de Paz, empezando con que debe haber eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos. Dijo que, si bien el ritmo de asignaciones aumentó a partir del año 2021 frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se requiere en los próximos años realizar un mayor esfuerzo en mejorar la calidad del gasto, de tal manera que se atiendan las necesidades de los territorios y comunidades.
Requirió que se garantice el acceso equitativo de todos los territorios a fuentes de financiación como el OCAD Paz y el mecanismo de Obras por Impuestos, evitando incentivos para el favorecimiento de unos pocos.
“Hoy, a ocho años de la firma del Acuerdo Final, nuestro compromiso desde la Contraloría General de la República es velar por la transparencia y la eficacia en la utilización de los recursos destinados en su implementación”, destacó el Contralor General al presentar un extenso balance sobre el tema, que se resume así:
Resultados de auditorías y procesos fiscales en curso
Adicional a los informes al Congreso, la Contraloría General ha realizado 142 ejercicios de Control Fiscal Micro a los sujetos de control fiscal responsables de la ejecución del Acuerdo Final y la Política Pública de Víctimas entre auditorías financieras, de cumplimiento, desempeño y actuaciones especiales de fiscalización.
En materia del Acuerdo Final, desde 2018 hasta el primer semestre de 2024, se han detectado 511 hallazgos administrativos, de los cuales 102 tienen incidencia fiscal por $141 mil millones de pesos; 262 hallazgos con presunta connotación disciplinaria, 10 con presunta incidencia penal y 16 para trámite de indagación preliminar.
Y en cuanto a la Política de Víctimas, entre 2023 y 2024, se realizaron 8 auditorías con hallazgos de connotación: 183 administrativos; 37 con incidencia fiscal y un posible detrimento patrimonial por $27.767 millones, 133 con connotación disciplinaria y 4 con incidencia penal.
Actualmente, están en curso 57 procesos de Responsabilidad Fiscal relacionados con entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) por un valor de $ 43.681 millones.
Entre 2018 y 2024, la Contraloría General ha realizado auditorías a 616 proyectos en OCAD PAZ por valor de $7,3 billones, equivalentes al 89% de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a la paz. Se han ha consolidado hallazgos con incidencia fiscal por $522.268 millones y se tienen 15 beneficios de auditoría por $41.842 millones.
Adicionalmente, la Contraloría General realizó auditorías intersectoriales y articuladas al Fondo Colombia en Paz sobre las vigencias 2019 a 2023, en las cuales determinó 37 hallazgos administrativos, 14 de estos con incidencia fiscal por $20.315 millones, hay 2 con presunto carácter penal, 29 con posible connotación disciplinaria y 2 hallazgos para trámite de Indagación Preliminar.
Informe Posconflicto
En el Octavo Informe de la Contraloría General de la República al Congreso sobre los recursos del posconflicto, se concluye que desde 2017 hasta marzo de 2024 se han ejecutado $88,5 billones, que representan el 45% del total. En 2023 se ejecutaron $15,7 billones.
En el undécimo informe al Congreso sobre la Ley de Víctimas, presentado al Congreso el pasado 20 de agosto, la Contraloría puntualizó que entre los años 2012 y 2023 la nación ejecutó a precios constantes de 2024 recursos por $218,5 billones, con una asignación para 2024 de $21 billones. Para cumplir con las medidas a la población víctima pendiente, el cálculo de la Contraloría entre 2024 y 2031 es de $303,9 billones constantes de 2024.
Pese al aumento de los recursos en 2023 frente a la vigencia anterior, la Contraloría insta a las entidades encargadas de implementar la política pública de víctimas étnicas para que realicen una distribución y desagregación específica para estos pueblos en todo el territorio.
Análisis de fuentes de financiación
El Presupuesto General de la Nación -PGN- es la principal fuente de financiamiento del Acuerdo, con un 60% del total de los recursos, y la Contraloría ha encontrado problemas en su ejecución relacionadas con deficiencias en la formulación, estructuración de proyectos de inversión y baja coherencia con los objetivos del Acuerdo, y ha advertido que los componentes de los proyectos no son exclusivos a temas de paz.
Frente al Mecanismo de Obras por Impuestos para impulsar el desarrollo de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), a junio de 2024, se aprobaron 361 proyectos por $2,5 billones. No obstante, el 85% de los recursos se concentran en 12 de ellos con un valor de $2,12 billones. En sus informes de seguimiento, la Contraloría ha alertado sobre problemáticas como incorporación de líneas de inversión no afines con el Acuerdo e inobservancia del principio de publicidad, pues no existe reporte de información contractual.
Como principal instrumento financiero para la ejecución de los recursos de la paz, se creó el Fondo Colombia en Paz, como un patrimonio autónomo que opera bajo el régimen de derecho privado para darle “excepcional agilidad”. Sin embargo, no ha contado con coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos. Este se financia en un 95% con recursos del Presupuesto General de la Nación y no integra otras fuentes públicas, tal y como se contempló en el Acuerdo.
Análisis de puntos del Acuerdo Final
Sobre el Punto 1 - Reforma Rural Integral: Los municipios focalizados para iniciar la ruta de implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en el último año fueron 111, equivalente solamente al 10% de los municipios del país. De estos 111 municipios, solamente el 12% está en ruta única (etapa final del proceso), es decir, solamente el 1.2% del total nacional.
El Fondo de Tierras para la reforma rural integral acumula un total de 2.425.404,02 hectáreas a primer semestre de 2024 de las cuales se ha caracterizado solo el 2% (40.512 hectáreas). El Acuerdo Final estableció otorgar 3 millones de hectáreas a población campesina y demás sujetos de ordenamiento. Se han entregado 18.201 hectáreas, es decir el 2.1%.
Con relación al Punto 2 - Participación Política, desde 2017 a la fecha, las inversiones de este punto ascienden a los $1,35 billones de 2024, de los cuales $134.055 millones de 2024 corresponden a la vigencia 2023.
El Punto 3 - Reincorporación y Fin del conflicto, desde la firma del Acuerdo a la fecha, ha contado con inversiones por $6,5 billones a precios de 2024.
Para la reincorporación de las FARC-EP, en el período 2017- 2024, se ejecutaron $3,6 billones de 2024.
Resultados ineficientes
Durante el periodo comprendido entre 2017 y 2024, se han desembolsado cerca de $824.542 millones en beneficios económicos relacionados con la reincorporación temprana a personas firmantes del Acuerdo de Paz.
En cuanto a los proyectos productivos individuales, se han aprobado 5.749 entre 2018 y 2024 por $55.073 millones, beneficiando a 6.892 firmantes. De los 128 proyectos productivos colectivos aprobados por $47.357 millones, la mayoría ha dejado de operar debido a problemas de seguridad, comerciales, climáticos, administrativos y financieros, limitando su impacto en la sostenibilidad económica de las personas en proceso de reincorporación y sus familias.
Respecto del Punto 4 - Solución a las Drogas Ilícitas, los recursos ejecutados para este punto durante el periodo 2017 al primer trimestre 2024 ascienden a $7.1 billones de 2024; $500.385 millones corresponden al 2023. Y atendieron principalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- con $479.479 millones de 2024.
Respecto del Punto 4 - Solución a las Drogas Ilícitas, los recursos ejecutados para este punto durante el periodo 2017 al primer trimestre 2024 ascienden a $7.1 billones de 2024; $500.385 millones corresponden al 2023, con un aumento del 76% frente a 2022 con $283.634 millones, pero inferior a los $1.4 billones ejecutados en 2021.
En 2023, estos recursos atendieron principalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- con $479.479 millones de 2024.
No obstante, persiste baja ejecución presupuestal para cumplir los compromisos con las familias cultivadoras y no cultivadoras. Los resultados insuficientes en la formalización de tierras generan tránsito de estas comunidades a economías ilícitas y el “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas” presenta retrasos en su implementación
Teniendo en cuenta el aumento de cultivos ilícitos en el país, es evidente que los recursos destinados al PNIS no cumplen con lo contemplado en el Acuerdo, por lo que se requiere mayor presencia de la fuerza pública y estatal que acompañe estos programas.
Sobre el Punto 5 Víctimas, resalta la creación y funcionamiento del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) con $7,9 billones entre 2017 y 2024 y en 2023 $1,7 billones de 2024.
Respecto del Punto 6 Verificación, los recursos ejecutados entre 2017 y marzo de 2024 fueron $2.3 billones de 2024; y $136.094 millones corresponden al 2023, con una disminución frente a 2022 de $734.378 millones, siendo la Cooperación Internacional la principal fuente de financiación con una participación del 68%.
