Petro afirma que no ayudó en la fuga de Carlos Ramón González. ¿Le creemos?

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Petro afirma que no ayudó en la fuga de Carlos Ramón González. ¿Le creemos?

Nuevos documentos filtrados a medios nacionales apuntan a que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habría regularizado su estatus migratorio en Nicaragua con apoyo del Gobierno colombiano, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Petro negó su apoyo a la fuga.

 

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La información, revelada por Noticias RCN, indica que el trámite para salir del país se concretó el 21 de mayo de 2024, coincidiendo con la audiencia en la que el ente acusador formalizó cargos en contra de Carlos Ramón González, señalado como uno de los articuladores de la red de sobornos que involucra a altos exdirigentes del Congreso y la UNGRD, y quien desde entonces se encuentra prófugo y es requerido por las autoridades judiciales colombianas.

De acuerdo con los reportes, la Embajada de Colombia en Managua habría remitido una comunicación oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitando apoyo para regularizar y renovar la residencia de González.

“Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país. Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025.”

Fuentes citadas por el medio aseguran que el Gobierno de Gustavo Petro habría facilitado estas gestiones pese a que González estaba bajo investigación penal y enfrentaba una orden de captura en Colombia.

La respuesta de las autoridades nicaragüenses habría sido simple: instruir al exfuncionario para que se presentara en Migración Managua y pagara el costo del trámite, estimado en 56 dólares.

 

Hubo protección institucional

La simultaneidad entre la imputación de cargos y la gestión diplomática ha desatado suspicacias sobre una posible coordinación para garantizar que González permaneciera en territorio nicaragüense sin riesgo de ser extraditado o detenido por las autoridades locales.

En Colombia, González es considerado prófugo de la justicia desde que no atendió los llamados de la Fiscalía y la Policía para comparecer ante las diligencias judiciales.

Aunque la Fiscalía notificó a Interpol el pasado 4 de julio de 2025 para la expedición de una circular roja, mecanismo que permitiría su captura en cualquiera de los 190 países miembros, la sede central en Lyon, Francia, aún no ha emitido respuesta.

La demora resulta inusual para este tipo de trámites, que en la mayoría de los casos se procesan con rapidez. Esta falta de pronunciamiento implica que, si González es localizado fuera de Colombia, no existe actualmente un instrumento internacional que permita su detención inmediata. En términos prácticos, “si en este momento el ex alto funcionario del Gobierno Petro es abordado en otro país, quedará libre, pues la circular roja no está vigente”.

Será pedido en extradición

La controversia por la supuesta injerencia del Gobierno colombiano en el trámite de renovación de residencia en Nicaragua del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, escaló al plano político con un enfrentamiento directo entre el presidente Gustavo Petro y la precandidata presidencial Claudia López.

La polémica surge tras la revelación de documentos que indicarían que González, prófugo de la justicia colombiana por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habría recibido respaldo diplomático para legalizar su permanencia en Managua. Según las filtraciones, la gestión se habría realizado en paralelo a la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

En su cuenta de X (antes Twitter), la exalcaldesa de Bogotá y aspirante a la Presidencia lanzó una dura acusación contra el jefe de Estado: “¡Tras de ladrones, bufones! Primero se corrompen, luego se encubren, luego le tramitan la evasión a la justicia colombiana en Nicaragua y ahora ‘se pide la extradición’. ¡Hipócrita! Traidor de la confianza de la gente y del anhelo de cambio”.

López responsabilizó directamente al mandatario de haber encubierto a González y facilitar su evasión, calificando de contradictoria la posterior solicitud de extradición que, según ella, se presenta solo después de conocerse la filtración de los documentos.

 

Petro responde

El presidente Petro reaccionó de inmediato, negando cualquier participación de su administración o del servicio exterior colombiano en trámites migratorios a favor de González. En un extenso mensaje, el mandatario buscó desvincular su responsabilidad y señaló que el origen de la corrupción en la UNGRD se ubica en el núcleo político de López:

“Carlos Ramón González era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales. En esa condición entró al Gobierno. La señora Ortiz (exconsejera para las regiones, también vinculada al escándalo de la UNGRD) y el señor Carlos Ramón entraron en su condición de militantes de, en ese momento, su partido. El señor Iván Name, que es un rabioso opositor mío como usted, también pertenece al que era su partido. Al parecer, parte de los recursos robados a mi Gobierno y al pueblo fueron a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name, en su partido”.

 Petro enfatizó que León Fredy Muñoz, exembajador de Colombia en Nicaragua, “no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón ni tampoco el Gobierno nacional”. Reiteró que será él mismo quien pida formalmente el regreso de González a Colombia para que enfrente a la justicia.

El proceso penal Contra Carlos Ramón González

El Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza del magistrado Leonel Rogeles, ordenó medida de aseguramiento contra González por su presunto rol como cerebro de la red de corrupción en la UNGRD.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema habría consistido en la entrega de millonarios sobornos a líderes del Congreso. Según el ente acusador, Iván Name, expresidente del Senado, habría recibido $3.000 millones, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, otros $1.000 millones. Ambos excongresistas se encuentran detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá.

El testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y testigo clave en el proceso, asegura que González dio instrucciones directas para la entrega de los pagos ilícitos. López relató que al menos dos reuniones en la Casa de Nariño, entre septiembre y octubre de 2023, sirvieron para definir los montos y las rutas para el desembolso de los sobornos.

 

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