Resumen
El artículo acusa a políticos colombianos, incluyendo al presidente, de manipular contratos y fondos para comprar votos y mantener al ELN en la mesa de negociaciones de paz. Se han presentado pruebas como testimonios, audios y análisis técnicos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Rafael Nieto Loaiza
Si antes había alguna, ya no hay ninguna duda sobre la veracidad de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Se han conocido otras pruebas además de sus testimonios, entre ellas chats, la lista con los nombres, de puño y letra de una congresista, de otros parlamentarios que vendieron su voto, audios sobre reuniones y órdenes para direccionar los contratos, y análisis técnicos que demuestran, con base en el posicionamiento georreferenciado de los celulares, que los congresistas y funcionarios del Palacio sí estuvieron donde López y Pinilla dijeron que se habían encontrado para recibir los dineros negociados.
Lo nuevo, sin embargo, son las evidencias que muestran la responsabilidad del ministro de Hacienda y del entonces director administrativo de Presidencia y hoy jefe del DNI.
El resumen es sencillo: desde la Presidencia, los ministerios del Interior y Hacienda, se puso en marcha una operación de soborno de representantes y senadores claves, entre ellos los presidentes de las dos corporaciones, el de la Comisión de Acusaciones y los de Crédito Público. Para ello aprobaron adiciones de centenares de miles de millones para la UNGRD y se le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a los parlamentarios. También se ordenó desviar dineros públicos para asegurar que el ELN se mantuviera en la mesa de la “Paz Total”.
Hay elementos que no pueden perderse de vista. Uno, que Olmedo siempre ha sido de la entraña misma de Petro: es exM-19, cuando fue candidato por la lista de “Decentes”, Petro apoyó y promovió su candidatura; López fue el donante individual más importante de la campaña petrista en 2018, y fue el mismo Petro quien lo nombró en la UNGRD. Dos, hay declaraciones públicas de Petro defendiendo a López cuando fue suspendido por la Contraloría. Petro nunca lo destituyó. López renunció cuando se hizo pública la estafa de los carrotanques.
Tres, que Olmedo y Sneyder tenían que haber recibido órdenes del alto gobierno, como efectivamente ocurrió. Cuatro, que tampoco es creíble que los ministros y altos funcionarios involucrados hayan dado esas órdenes sin el conocimiento del gran beneficiado: el mismo Petro. Quinto, el favorecido es él: toda la operación estuvo destinada a facilitar la aprobación de sus proyectos en el Congreso, a conseguir la deuda que necesitaba, a asegurar su impunidad en la Comisión de Acusaciones, a amarrar al ELN para que su “Paz Total” no fracase estrepitosamente.
Con semejantes hechos, que se suman a la larga lista de escándalos que rodean su familia, su círculo más íntimo y su campaña, Petro debería renunciar. En otro país habría un clamor ciudadano y mediático enorme para presionar esa renuncia. Pero esto es Colombia y desde Samper los parámetros éticos y judiciales se reventaron en mil pedazos.
