Resumen
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A pesar de que el Departamento de la Prosperidad Social anunció como bombos y platillos hace varias semanas que se aproximaba el séptimo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, para los abuelitos de todo el país, los de Santander, especialmente los que se encuentran en la línea de la pobreza extrema, denunciaron en EL FRENTE que para ellos el programa es solo una promesa más.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El programa Colombia Mayor debe llegar un millón 636 mil 307 adultos mayores en todo el país, de los cuales 488.057 recibirán el pago diferencial de 225.000 pesos, cifra que aprobó el Gobierno Nacional para las personas de 80 años o más que están activas en el programa, con nivel total o parcial de desprotección económica...
Cada ciclo compromete recursos por 210.444 millones de pesos, de los cuales 109.805 millones de pesos serán destinados para el pago diferenciado. En el ciclo anterior, el sexto, la entidad logró una efectividad del 94 % en los cobros del subsidio: 1.567.569 adultos mayores reclamaron el subsidio, de los cuales 472.005 eran mayores de 80 años. Ese ciclo cerró el pasado 5 de julio.
Nada para Santander
A pesar de los anuncios, los mayores de Santander, agremiados en la Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor (ASCBAM), indicaron en conversación con EL FRENTE que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a la fecha no ha firmado convenios con las instituciones ni ha girado los recursos del subsidio Colombia Mayor en la modalidad indirecta para la vigencia 2024, circunstancia que se viene repitiendo desde el 2023.
“Los adultos mayores gozan de una especial protección por parte del estado y la ley, al ser una población altamente vulnerable y afectada profundamente en su equilibrio físico, mental, funcional y social, resumido en el proceso de envejecimiento y sus consecuencias extremas. De acuerdo con la ley, el Estado debe brindar especial protección a los adultos mayores que en virtud a su condición económica, física o mental se encuentran marginados y bajo circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta, dando con ello aplicación al Estado Social de Derecho”, indicó a EL FRENTE Ángel Quiñonez, representante de ASCBAM, una organización no gubernamental veedora de los derechos fundamentales de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
“Velamos porque se les garantice una calidad de vida dentro de los principios constitucionales de dignidad humana y solidaridad. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que afrontamos el olvido económico y social desde hace varios meses”, indicó el representante de la asociación quien explicó que actualmente vienen gestionando desde diferentes frentes la problemática generada con Prosperidad Social, pues el subsidio económico indirecto, que según el Decreto 1833 de 2016 otorga $80.000 para los adultos de edad menor de 80 años, y de $223.000 para los adultos de edad igual o mayor de 80 años, durante los últimos 6 meses aún no ha sido entregado”, denunció Quiñonez, quien se preguntó dónde queda el derecho fundamental a la vida digna y justa, derecho a la igualdad y derecho al mínimo vital que tanto promueve el presidente Gustavo Petro para los mayores de Santander.
La burocracia, otro problema
“La violación a los derechos de igualdad es evidente pues los adultos mayores beneficiarios de forma directa han recibido el subsidio sin demora a diferencia de los que se encuentran institucionalizados en los diferentes centros que ASCBAM representa, quienes son los más vulnerables de la sociedad por su pobreza extrema”, agregó Quiñonez quien además explicó que los trámites burocráticos que se exigen para la firma y formalización de los convenios como la compra de estampillas también generan un vacío fiscal ya que estos vencen trimestralmente y como lo mencionamos arriba, a la fecha no se han firmado los convenios entre prosperidad social y los centros de atención.
“Hacemos referencia sobre un programa de subsidio ya existente y reglamentado, sencillamente se solicita la continuidad en la prestación del subsidio que en años anteriores se ha otorgado, y que con antelación se les ha allegado toda la documentación pertinente para la suscripción del convenio de la vigencia 2024 en modalidad indirecta entre el DPS y las ESAL”, agregó el representante legal de la asociación de abuelos y abuelas.
