Petro no respaldará propuesta que pretende incrementar penas a menores sicarios
Resumen
El Consejo Superior de Política Criminal dio un concepto negativo a la propuesta de juzgar a adolescentes como adultos y respaldó con ajustes la legítima defensa para mujeres víctimas de violencia, destacando la importancia de un enfoque progresivo y de derechos humanos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En sesión ordinaria, el Consejo Superior de Política Criminal analizó dos iniciativas legislativas: una que pretende reformar el régimen penal de adolescentes y otra que busca fortalecer la legítima defensa de mujeres víctimas de violencia.
Tras el debate, el organismo asesor del Gobierno nacional en temas de política criminal dio concepto negativo a la primera y manifestó su respaldo a la segunda, aunque con algunos ajustes.
En el marco de esta instancia que lidera el ministro de Justicia Eduardo Montealegre Lynett, se reunieron representantes de diferentes ramas del poder público para evaluar proyectos que impactan directamente la política criminal del país.
En el centro del debate estuvo el Proyecto de Ley 025 de la Cámara de Representantes, el cual busca que adolescentes de entre 14 y 18 años, responsables de delitos graves, sean juzgados como adultos.
Frente a esta iniciativa el Consejo Superior de Política Criminal emitió un concepto negativo, reiterando que se desconoce la función protectora, restaurativa y educativa de las sanciones, y también, la necesidad de un tratamiento especial para los menores infractores.
Aunque el pronunciamiento del consejo es importante para orientar la política pública, no es vinculante. Por ello, la decisión final sobre el futuro del proyecto será tomada por el Congreso de la República.
“No serán juzgados como adultos”
La segunda iniciativa discutida en la sesión plantea fortalecer la legítima defensa privilegiada para mujeres víctimas de violencia de género. Dicha propuesta busca que las mujeres puedan invocar la legítima defensa privilegiada en contextos de agresiones continuas. El consejo reconoció la importancia de la iniciativa, aunque sugirió ajustes desde la dogmática penal para facilitar su discusión en el Legislativo.
Francisco Bernate Ochoa, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, resaltó la trascendencia del encuentro. “Hoy debatimos dos proyectos de gran impacto. Ratificamos nuestra postura de no apoyar que los menores sean juzgados como adultos; esa iniciativa será definida por el Congreso y la Corte Constitucional. En contraste, respaldamos la propuesta sobre legítima defensa de mujeres víctimas de violencia, aunque recomendamos mejorar algunos aspectos técnicos del texto para que avance en el Congreso".
Con estos conceptos el Consejo Superior de Política Criminal, del cual hacen parte, entre otros, el ministro de Justicia y del Derecho, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la defensora del Pueblo, reafirma su compromiso con una política criminal que atienda a las necesidades de la sociedad desde un enfoque progresivo de los derechos humanos.
