Petro responsabilizó al expresidente Iván Duque de accidente de avión militar por recibir “aviones chatarra”
Resumen
El avión Hércules accidentado en Putumayo fue una donación de EE. UU. recibida en 2021, no una compra del Estado colombiano.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguízamo, Putumayo, que deja hasta el momento 68 personas fallecidas y decenas de heridos encendió un debate político y técnico sobre el origen y estado de la aeronave siniestrada.
En medio de la conmoción nacional, se confirmó que el avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), identificado como 10-16, no fue adquirido mediante compra por el Estado colombiano, como se llegó a afirmar en declaraciones recientes, sino que hizo parte de una donación del gobierno de los Estados Unidos recibida en 2021, durante la administración del expresidente Iván Duque Márquez.
La aeronave siniestrada integraba una flota de tres aviones Hércules entregados por Estados Unidos a Colombia como parte de acuerdos de cooperación militar. De hecho, el 10-16 fue el primero en arribar al país, mientras que las otras dos aeronaves, identificadas como 10-17 y 10-18, llegaron un año después y continúan actualmente en operación.
Este detalle ha cobrado especial relevancia luego de que el presidente Gustavo Petro calificara estos equipos como “chatarra”, sugiriendo que habían sido adquiridos en condiciones cuestionables. Sin embargo, la información oficial conocida hasta ahora precisa que no se trató de una compra, sino de una transferencia gratuita dentro de la cooperación bilateral.
Expertos en aviación han señalado que este tipo de aeronaves, aunque robustas y ampliamente utilizadas en operaciones militares y humanitarias, ya contaban con una vida útil considerablemente avanzada al momento de su entrega, lo que exige estrictos protocolos de mantenimiento y operación para garantizar su seguridad.
Actualmente, Colombia dispone de cinco aviones Hércules operativos, una flota clave para el transporte militar, logístico y de ayuda humanitaria en zonas apartadas del país.
En el terreno de los hechos, la magnitud de la tragedia sigue estremeciendo. El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, confirmó el hallazgo de dos uniformados que permanecían desaparecidos, elevando la cifra de víctimas fatales tras el accidente. Previamente, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, había reportado la muerte de 66 uniformados.
Las condiciones del aeropuerto también han entrado en el foco de atención. Tanto el alcalde como el gobernador de Putumayo coincidieron en advertir que la terminal aérea de Puerto Leguízamo carece de la infraestructura, mantenimiento y logística adecuados para operaciones de este tipo, lo que podría haber incidido en el desenlace fatal.
Ante este panorama, las autoridades locales hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se destinen recursos que permitan mejorar las condiciones del aeropuerto y prevenir nuevas tragedias. La advertencia es clara: sin inversión estatal, el riesgo sigue latente.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente, el país queda frente a un cóctel inquietante: aeronaves envejecidas, infraestructura precaria y decisiones políticas que, en medio del ruido, reclaman respuestas más técnicas que retóricas.
