Petro se sacudió las culpas por incrementos expropiatorios del predial y responsabilizó a los concejos municipales en Santander

Mientras el mandatario nacional atribuyó la inconformidad a la desinformación y responsabilizó a los concejos municipales por las tarifas, en Santander las quejas ciudadanas continúan en aumento tanto en zonas rurales como urbanas.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Durante un reciente consejo de ministros, el Gustavo Petro cuestionó a varios sectores de la oposición por promover las movilizaciones y defendió la implementación del catastro multipropósito, señalando que su objetivo no es afectar a campesinos ni pequeños propietarios, sino corregir inequidades históricas en la tributación de la tierra.

“El problema no es el avalúo, sino la tarifa. Esa la definen los concejos municipales”, insistió el jefe de Estado, al asegurar que en algunos municipios se habrían incrementado las tasas de forma generalizada, trasladando el impacto a los contribuyentes.

Sin embargo, en Santander el debate ha tomado un rumbo distinto. Allí, la actualización catastral ha sido señalada por amplios sectores como el detonante de incrementos abruptos en el predial, con casos en los que los cobros habrían aumentado hasta en un 300%. La situación ha generado un efecto dominó de inconformidad que se extiende desde el campo hasta las principales ciudades del departamento, al punto de que está generando una burbuja inflacionaria que ya se percibe en los precios de la canasta familiar, restaurantes, ropa y otros elementos de primer consumo, debido a que los propietarios de los predios repercuten contra los arrendadores el alza del predial, y este a su vez traslada al valor a los usuarios o clientes.

Demandas en curso

Motivado por este malestar, el representante a la Cámara Óscar Leonardo Villamizar, junto con el congresista Jonathan Pineda López, presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra la resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que dio origen a los nuevos avalúos.

En la acción judicial, los demandantes sostienen que la medida terminó operando como una “reforma tributaria encubierta”, al elevar de manera significativa el valor de los predios sin un debate previo en el Congreso. Según el recurso, esto habría impactado no solo el impuesto predial, sino otras obligaciones fiscales asociadas, afectando la capacidad de pago de miles de ciudadanos.

En varios municipios santandereanos la inconformidad se ha traducido en reuniones comunitarias, cabildos abiertos y un creciente respaldo a las jornadas de protesta convocadas para abril.

Campesinos y propietarios urbanos coinciden en que los nuevos avalúos no reflejan su realidad económica y advierten que los incrementos resultan insostenibles.

Aunque el Gobierno insiste en que la actualización catastral responde a compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016 y busca mayor equidad, en regiones como Santander la discusión se centra en el impacto inmediato en el bolsillo de los contribuyentes.

Mientras el alto tribunal estudia la solicitud de suspensión de la normativa, el pulso entre el Gobierno, las autoridades locales y la ciudadanía sigue escalando. De fondo, queda abierta la discusión sobre si la actualización catastral es un instrumento de justicia tributaria o, como denuncian sus críticos, una carga desproporcionada que está desbordando la capacidad económica de miles de colombianos.