En una constancia presentada en plenaria, la senadora Sandra Yaneth Jaimes Cruz expresó su preocupación por presuntas irregularidades en el proceso contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Santander.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La senadora santandereana Sandra Yaneth Jaimes Cruz, quien precisamente actúa en el legislativo como vocera del magisterio ante el salón elíptico, recordó que, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2021), entre 2012 y 2019 el PAE logró reducir la deserción escolar en un 12% y el ausentismo en un 14%.

Además, citó estudios de la Universidad Javeriana que destacan los beneficios del programa en las trayectorias académicas de los estudiantes, el acceso a la educación superior y la seguridad alimentaria en los hogares, contribuyendo incluso a reducir el trabajo infantil.

No obstante, denunció que en Santander existirían serios indicios de conductas presuntamente irregulares en el proceso de contratación del programa, el cual supera los $166 mil millones.

Según la veeduría Transparencia por Santander, el proceso presenta condiciones que podrían limitar la pluralidad de oferentes, además de inconsistencias como exigir experiencia a través de uniones temporales, pero sin permitir que las propuestas se presenten bajo esa figura. Asimismo, se contempla un anticipo del 40%, lo cual contradice otros puntos del pliego de condiciones.

Según Pabón, dividir la operación en varios contratistas, por ejemplo, dos, tres o incluso cuatro, permitiría mejorar la cobertura, adaptarse mejor a las condiciones territoriales y facilitar la supervisión. Además, considera que permitiría la participación de más proponentes, en lugar de favorecer a operadores con experiencia previa en coberturas amplias.

Otra de las preocupaciones está relacionada con la fase de alistamiento, es decir, el tiempo que tendrá el operador para prepararse antes de iniciar el servicio. “En los pliegos no se especifica un número mínimo de días para esa preparación. Podrían ser dos o tres días, lo cual es insuficiente para una operación de esta magnitud”, indicó la directora del Comité.

La senadora hizo un llamado urgente a los organismos de control, a los cuales ya ha radicado dos solicitudes de acciones preventivas, para que revisen la legalidad del proceso. Señaló que el cierre del mismo está previsto para el 8 de agosto y la adjudicación para el día 29.

“Debemos garantizar la alimentación escolar como un derecho fundamental y no permitir que se convierta en un negocio”, enfatizó Jaimes Cruz.