Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Defensoría del Pueblo insiste en su llamado hecho en mayo de este año, cuando emitió una alerta a los entes que forman parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el que les expuso diferentes preocupaciones y recomendaciones en torno a las probabilidades de materialización de desastres como consecuencia de la consolidación del fenómeno La Niña en el país.
Es preciso e imperativo, como lo dijo en su momento, que implementen acciones para que los derechos de las comunidades, particularmente los de aquellas familias que viven en zonas de alta vulnerabilidad, no sean violentados por los embates de la naturaleza.
En un reciente informe, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicaron que hay un 70% de probabilidades de que La Niña se consume en agosto, septiembre y octubre próximos con lluvias en exceso en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, principalmente.
Como entidad que vela por la protección de los derechos humanos, reitera las recomendaciones formuladas a las instituciones con responsabilidades en la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, regional y local. El propósito primario es que sean puestas en marcha acciones concretas que redunden en la reducción del riesgo y atención efectiva de emergencias, ante posibles impactos de los eventos que puedan derivarse del fenómeno climático en las distintas regiones del territorio nacional.
Igualmente, quiere llamar la atención sobre las recientes declaraciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionadas con la posibilidad de un déficit de recursos para la atención de las emergencias que podrían presentarse, máxime que proyecta, de consolidarse La Niña, afectaciones para alrededor de 550.000 familias, 224.000 viviendas y 2.200.000 hectáreas de cultivos.
Son aspectos, por lo tanto, que deben ser evaluados con suma urgencia por el Gobierno Nacional, con decisiones de fondo, pensando en la protección de los derechos de la población: la disponibilidad de los recursos debe ser asegurada.
Así mismo, exhorta a todos los organismos gubernamentales competentes a continuar concentrando esfuerzos en la subregión La Mojana, toda vez que las obras en el dique ‘Caregato’ se debilitaron por la fuerza del río Cauca, lo cual conllevó un nuevo rompimiento, semanas atrás, de la amplia columna de cierre del caudal. Es pertinente que las comunidades de San Jacinto del Cauca (Bolívar), área de influencia del dique, no sigan viendo afectados sus derechos fundamentales y colectivos.
