Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)La ausencia de una política criminal como un presupuesto de orden público generalizado, que busque sintonizar todas las formas como han de ser atendidos los comportamientos humanos y la protección de los intereses colectivos e individuales de los ciudadanos por parte del Estado mismo, atendiendo los criterios básicos del respeto del derecho fundamental del infractor y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, hacen parte de un proceso que ha estado ausente en nuestra política colombiana y que incide de manera radical sobre la búsqueda de consensos, en la convivencia pacífica y en la lucha contra el crimen, de una sociedad en crisis.
Somos víctimas de la improvisación legislativa, nuestra clase política en todo momento, encausado más por el sensacionalismo y por la visión represiva y de desconocimiento de los fundamentos esenciales de esa política criminal, se ha dedicado a modificar y presentar paulatinamente como lo refrendan los procesos históricos, reformas a la justicia, especialmente en el campo penal y de incremento de penas o de creación de nuevos tipos penales.
La suma de todo este proceso nos ha llevado a entender la razón de ser de la impunidad. Lo hemos sostenido hace más de veinte años con el sistema penal acusatorio y con las normas que se han ido sumando a este laberinto normativo que va de un lado al otro y que no se ha correspondido con los procesos académicos y sociológicos de quienes hacemos parte del entorno social al que se les aplica, hasta el punto de que algunas de las figuras que se conocen y a las cuales se recurre en todo momento por parte de los transgresores de la ley, son mal interpretados y dejan un sinsabor de preocupación y de dolor de patria, cuando de perseguir el delito se trata.
Hace días se viene aplicando la figura del principio de oportunidad, esta figura que busca dinamizar el sistema penal y ofrecer alternativas para que el Estado pueda desenmascarar en su estructura los fenómenos más profundos y los pilares sobre los cuales descansan las cadenas del crimen que se han venido fortaleciendo como grupos delincuenciales y que propende por la negociación mediante la confesión y el apoyo hacia la búsqueda de una justicia ágil y eficiente, no ha dejado de ser más que una cortina de humo a la cual se suman avezados y reiterados delincuentes que en últimas con la protección del sistema, se burlan de la Administración de Justicia o terminan incriminando a quienes nada tienen que ver con tales hechos o desviando los procesos investigativos.
En los actuales momentos y desde el Gobierno Nacional, se viene gestando una reforma a la justicia donde se busca que el principio de oportunidad quede en manos únicamente de la Fiscalía General de la Nación y que el Juez, termine siendo un convidado de piedra para establecer la pena conforme a los acuerdos que se pacten entre el delincuente y el ente investigador, de la cual nos ocuparemos oportunamente y desde ya, no estamos de acuerdo.
Se suma a lo anterior, los recientes escándalos donde el patrimonio del Estado, ha sido altamente afectado, como lo ha sido a lo largo de la historia de nuestros gobernantes en los que la mayoría de los delitos han quedado en la impunidad o han terminado siendo negociados bajo los presupuestos impositivos de una supuesta legalidad procesal y de dar apariencia de justicia en nuestro país.
Se hace necesario entonces, fortalecer los procesos investigativos en desenmascarar quienes están detrás de la construcción de esos grupos de delincuentes y que la confesión y las pruebas que conduzcan a su individualización, sean las suficientes y estén debidamente soportadas para realmente se afecte la cabeza, la fuente, el motor que les dio impulso como determinadores de esos procesos delictivos y no que se vaya contra los que han sido simples cómplices o auxiliadores de dicho proceso.