EL FRENTE en esta Sección ya habría anticipado con anterioridad las irregularidades que estaban ocurriendo en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la Representante a la Cámara por Santander del Pacto Histórico, Mary Anne Perdomo donde, básicamente, se había nombrado un cargo para una persona que no se encontraba cumpliendo con las respectivas funciones.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con lo que se estableció en la Consejo de Estado, la congresista con esta estrategia habría beneficiado no solo al tercero nombrado que no ejerció sus funciones en la UTL, sino a ella misma pues entre las dos personas se dividían el jugoso pago salaria correspondiente a dicho nombramiento, el cual ascendía a un poco más de 9 de millones de pesos.

Recientemente el episodio tuvo su desenlace en el Consejo de Estado, donde los magistrados del alto tribunal decretaron su muerte política por estos hechos

“Incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos (artículo 183.4 C. Pol.), al permitir y autorizar que María Isabel Rueda Guerrero, que estuvo vinculada como asistente grado V en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en el período comprendido entre el 21 de julio de 2022 y el 10 de enero de 2023, fuera suplantada en cuanto a su vinculación por Laura Fernanda Rueda Guerrero, durante el lapso en que esta última tuvo la condición de miembro de la UTL, en el cargo de asesora grado I”, conceptuó el Consejo de Estado en el fallo de pérdida de investidura, el cual decretó la muerte política de la congresista santandereana con la que supuestamente el Pacto Histórico y el Petrismo pretendían iniciar la renovación de la política regional.

Este episodio tiene también su capítulo en la Corte Suprema de Justicia donde la congresista tiene una investigación vigente por las presuntas conductas punibles de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.

En su decisión más reciente la parlamentaria Perdomo, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejarla  en libertad sin ninguna medida de aseguramiento, a pesar de que un fiscal delegado ante la corte pidió sin clemencia prisión para la representante a la cámara santandereana, por los hechos de corrupción.

Toda la reciente actuación viene por cuenta de una investigación que aperturó en contra de Perdomo Gutiérrez el pasado 30 de abril la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia   tras la denuncia en su contra por, supuestamente, haber nombrado a la hija de una excolaboradora para un cargo en la Unidad de Trabajo Legislativo, y quien cobró sueldos durante varios meses del pasado 2023 sin que en el Congreso de la República le conocieran el rostro. En otras palabras, cobraba pero no trabajaba.

“Esta persona no habría cumplido con sus funciones, pero sí recibió el pago de sus salarios”. Además, “se entregaron certificaciones de que la funcionaria había trabajado en la UTL aunque en las investigaciones hay declaraciones de otros trabajadores que no la vieron hacerlo”.

Además, dentro de su más reciente decisión, la Corte compulsó copias dentro de esa misma Sala para que se investigue a otra persona que habría participado en el delito de la violación de secreto. La representante Perdomo era integrante de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista y envío correos a una persona con información de un proceso.