Resumen
Un juez bumangués advierte posible arresto y multa a la Ministra de Ambiente por no cumplir un fallo que exige respuestas a 35 mil personas sobre una zona de reserva en Soto Norte. La falta de concertación y el desacato resaltan en el caso.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En una fuerte requerimiento de advertencia, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, advirtió un posible arresto de 6 meses y una multa de 20 salarios mínimos mensuales contra la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, si continúa incumpliendo el fallo de tutela de segunda instancia que la obliga a entregar respuestas técnicas y legales de fondo a las solicitudes, inquietudes y problemáticas planteadas por más de 35 mil personas de la Provincia de Soto Norte en Santander, que se verán afectadas por la implementación sin concertación de una zona de reserva por fuera del Páramo de Santurbán.
Según el documento del Juzgado, para evitar que se inicie un incidente de desacato en su contra, en un plazo máximo de 48 horas la Ministra debe cumplir un fallo de tutela de segunda instancia que le ordena dar respuesta suficiente y comprobable a todo la información solicitada y las graves ilegalidades denunciadas en un derecho de petición interpuesto el 5 de noviembre de 2024 por Ivonne González, líder del Paro Minero y presidenta de Asomineros Vetas.
“Esta orden de cumplimiento y anuncio de posible arresto o multa que hace el Tribunal contra la Ministra nos da la razón en lo que venimos denunciando hace más de un año. Es evidente que la Ministra de Ambiente ha violado los derechos fundamentales de miles de familias de pequeños y medianos mineros legales, condenándonos a la pobreza y la ilegalidad. Ella pretende borrar 450 años de vocación minera y arraigo cultural, con una resolución que no ha sido concertada, que desconoce sentencias de la Corte Constitucional, que no tiene sustento técnico suficiente, y que viola el Acuerdo de Escazú que la propia Ministra defendía”, indicó González.
Comunidades vulneradas
Según las denuncias de miles de habitantes de Soto Norte, sin sustento técnico o legal suficiente y violando diferentes leyes y sentencias, el Ministerio pretende limitar y prohibir actividades económicas legales en más del 98% del territorio de 6 municipios (California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta), y en el 30% del área rural de Bucaramanga. Todo esto, sin concertación con las comunidades, de forma arbitraria, y pese al rechazo y las graves irregularidades señaladas por la Gobernación de Santander, los 6 alcaldes de la Provincia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otras instituciones.
De hecho, más de 20 organizaciones del territorio denunciaron en las últimas semanas que desde el Ministerio se ha engañado a la opinión pública diciendo que en Soto Norte hicieron mesas de socialización, cuando la realidad fue, como lo demuestran los videos y grabaciones, que las reuniones fracasaron, la convocatoria fue nula, en todos los pueblos se denunció falta de garantías, nunca pudieron explicar el alcance de la reserva, no hubo presencia de los organismos de control, y los habitantes se ofuscaron y abandonaron las reuniones denunciando manipulación por parte del Ministerio.
La líder minera Ivonne González denunció que la ministra Muhamad vulneró su derecho a la información al no responder de manera completa, clara y suficiente las inquietudes y solicitudes relacionadas con las áreas de reserva temporal de Santander y otras zonas del país, el decreto 044, la interpretación y aplicación irregular del artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, la parálisis de los procesos de formalización minera en curso, y otros temas abordados en la mesa de diálogo que permitió levantar el Paro Minero de octubre de 2024.
“Es importante que la opinión pública sepa del engaño y las mentiras que está diciendo este Ministerio. Esta no es una medida para cuidar el Páramo de Santurbán porque este ya se encuentra protegido por la Ley, sino para volver páramo lo que no es páramo, y ampliar las restricciones a su antojo sin sustento técnico ni concertación. Esto se trata de un acuerdo político de la Ministra con grupos activistas de Bucaramanga que no viven en Soto Norte y solo hablan de estos temas cuando se vienen las campañas electorales. Nunca hemos pedido que se permita la minería en el páramo, eso es absurdo. Lo que pedimos es que no sigan, con artimañas, criminalizando a los mineros legales, abriéndole el paso a los grupos al margen de la ley, y haciendo política con nuestro territorio”, afirmó Ivonne González.
Este último requerimiento del Tribunal Superior, confirmó el fallo de segunda instancia a favor de González y de 35 mil personas a quienes, según las denuncias, no se les ha garantizado el acceso, participación y concertación sobre la zona de reserva que se pretende imponer.
Los denunciantes afirmaron que esperan que la Ministra cumpla con esta orden del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, antes de dejar el cargo de Ministra y pasar a otro cargo en el Gobierno Nacional. “Esperamos que el show y el cambio de puesto de la Ministra no sea una “jugadita” para evitar el desacato, el arresto y la multa que le podrían imponer por una decisión inconsulta y arbitraria como la zona de reserva de Soto Norte. Si tanto habla de dignidad, que asuma esta responsabilidad dignamente y responda por sus decisiones”, concluyó González.
