POT Piedecuesta de necesidad pública a oportunidad clientelista
Resumen
El POT de Piedecuesta no se ha actualizado desde 2003, causando problemas de expansión urbana, conflictos ambientales y mala planificación de infraestructuras. Aunque hay fondos asignados, la falta de voluntad política impide su renovación.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Oscar Humberto Cote Cote
Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Piedecuesta debería ser una prioridad administrativa. El POT vigente data del año 2003, y sus directrices para ordenar áreas específicas ya no responden a las exigencias demográficas actuales, desaprovechando las oportunidades de expansión urbana que esta población podría emprender, dado que cuenta con características únicas para el crecimiento dentro del área metropolitana de Bucaramanga. El documento carece de precisión en la delimitación de áreas de relevancia ambiental y en el diseño de estrategias de movilidad, lo que ha generado confrontaciones jurídicas e incluso conflictos entre ambientalistas y grandes constructoras, además de convertir la congestión vehicular en una problemática cotidiana en varios sectores del municipio. Hace algunos meses, se acabó de implementar un proceso de actualización catastral multipropósito, que ocasiono innumerables afectaciones para la población tanto del sector rural y urbano, en gran parte por la no existencia de un POT que estableciera reglas claras en organización y planificación del territorio.
Es urgente contar con una carta de navegación idónea que evite seguir ubicando grandes industrias junto a proyectos de vivienda VIS, desconociendo que allí habitarán familias cuya salud podría verse gravemente afectada en un futuro cercano. Resulta inadmisible que se continúe autorizando la construcción de proyectos de vivienda urbana sin las redes de alcantarillado necesarias para el adecuado manejo de aguas residuales, situación que ha derivado en vertimientos contaminantes que afectan principalmente a la población más vulnerable.
Actualmente, las redes de alcantarillado y de distribución de agua potable en urbanizaciones periféricas —construidas después de 2003, algunas bajo autoconstrucción o como asentamientos humanos—, con capacidad para unas 500 acometidas, soportan ahora descargas adicionales de proyectos habitacionales de 500, 1.000 o más acometidas cada uno. Esto provoca constantes rebosamientos durante la temporada de lluvias, especialmente en el sector norte del municipio. Tampoco debe ignorarse la situación de las comunidades que en el POT de 2003 fueron catalogadas como zonas de alto riesgo por desastres naturales. A pesar de que hoy hacen parte de proyectos urbanísticos licenciados por el municipio y han recibido obras de mitigación que disminuyen su nivel de riesgo, la
falta de actualización del PBOT mantiene devaluadas sus propiedades y restringe su acceso a créditos, al continuar apareciendo bajo esa clasificación.
El problema no radica en la falta de recursos, toda vez que desde el 2017 se han destinado aproximadamente 5.000 millones de pesos para la elaboración y concertación del nuevo POT. Sin embargo, estos recursos han sido infructuosos, pues ya en dos ocasiones el municipio ha desistido del proceso de concertación ante la CDMB y el AMB, lo que evidencia, que lo que ha faltado es voluntad política. Con más de 120 contratos CPS para su formulación, socialización y concertación, y tras ocho años de un proceso estancado, no es claro si las últimas tres administraciones realmente han tenido como prioridad resolver la desactualización del POT en beneficio de los piedecuestanos, o si han prevalecido intereses burocráticos y clientelistas en favor de contratistas, constructoras y curadurías urbanas.
Por lo anterior, la actual administración municipal tiene la gran responsabilidad de sacar adelante la actualización del PBOT 2003, si bien esto podría implicar nuevos costos y aumentar el barril sin fondo de recursos públicos ya invertidos, la prioridad debe ser entregarle a Piedecuesta un POT actualizado y robusto para los próximos 12 años, que responda a las verdaderas necesidades del territorio y de su población. En ese contexto, siempre que se logre el objetivo, la inversión de recursos adicionales resultaría, paradójicamente, irrelevante frente a los beneficios de contar con un instrumento de planificación moderno y eficiente.
