Predial sin freno y descuentos en picada: Bucaramanga paga la factura de una Alcaldía sorda

Mucha pupila a esto: lo ocurrido en el Concejo deja una sensación amarga, una Alcaldía de que parece más concentrada en exprimir el recaudo que en respetar la ley y la capacidad de pago de los contribuyentes. La ciudadanía ya advirtió: “Si la Administración no escucha, la ciudad responderá en los escenarios legales y ciudadanos que correspondan. Porque pagar impuestos es un deber, sí, pero pagar abusos nunca lo ha sido”, dijo a EL FRENTE uno de los contribuyentes afectados.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Mientras el discurso oficial habla de “responsabilidad fiscal” y “sostenibilidad”, en los recibos del impuesto predial de Bucaramanga se lee otra historia: incrementos desbordados, descuentos cada vez más pequeños y un ciudadano atrapado entre la ley y el abuso administrativo.

Así quedó en evidencia durante el debate de control político realizado este viernes en horas de la mañana en el Concejo de Bucaramanga, donde ediles, concejales y veedores ciudadanos coincidieron en una palabra que la Alcaldía parece haber desterrado de su vocabulario: justicia.

José Alfredo Vega Fonseca, edil de la Comuna 12, no habló desde la teoría sino desde el territorio. Cabecera, Jardín, La Floresta, Campestre, Bolarquí, Antiguo y Nuevo Sotomayor, entre otros barrios tradicionales, están viviendo una situación que raya en lo confiscatorio.

Según Vega, el impuesto predial no solo no ha sido revisado de manera seria en años anteriores, sino que se ha convertido en una bola de nieve que crece sin control desde 2024, pasando por 2025 y explotando ahora en 2026. El resultado: predios que han duplicado e incluso triplicado el valor del impuesto, algo que hace inviable su pago para miles de familias, al punto que ya tienen pegados en sus ventanas avisos que dicen: “se vende apartamento para pagar el predial”.

Y aquí aparece el primer choque frontal con la ley. El edil recordó que el Decreto 1480 del 30 de diciembre de 2025, expedido por Planeación Nacional, autoriza un incremento máximo del 3% para el impuesto predial en 2026. Sin embargo, en Bucaramanga los aumentos reportados van del 6% al 12%, y en algunos casos alcanzan y superan el 50%.

“No hay interpretación posible, no hay excusa técnica que valga. Eso está por fuera de la norma”, indicó Vega quien lamentó la actitud ciega y sarda de la administración.

Quita beneficios, aumenta castigos

El concejal Diego Lozada puso cifras sobre la mesa y dejó al desnudo la estrategia de la Administración Municipal: recaudar más no solo cobrando más, sino descontando menos.

EN conversación con EL FRENTE, Lozada explicó que más de 46 mil predios han tenido incrementos superiores al 3% en la presente vigencia, en abierta contradicción con lo reglamentado por el Gobierno Nacional. Pero, además, el incentivo por pronto pago ha sido recortado año tras año: 2024: 20% de descuento; 2025: 13%; 2026: 10% (propuesto por la Alcaldía), cifra que sí o sí tendrán que pagar los bumangueses teniendo en cuenta que la administración local tiene mayorías en el Concejo de Bucaramanga.

El resultado es tan simple como indignante: el recaudo aumentó cerca del 21%, mientras el alivio al contribuyente se reduce como un papel mojado. Para Lozada, esto no es eficiencia financiera. Es otra cosa, y la dijo sin rodeos: no es justicia tributaria, no es equidad tributaria.

El Concejo propone al menos un 15% de descuento, una cifra moderada, razonable y coherente con la realidad económica de los ciudadanos. Pero el alcalde Cristian Portilla ya dejó clara su postura: no le parece “asequible”. Asequible para quién, se preguntan los contribuyentes, cuando la ciudad recauda más y más, pero el bolsillo ciudadano cada vez resiste menos.

¿Peligran las finanzas municipales? Falso

Desde la Administración se insiste en el fantasma de un supuesto hueco fiscal de más de 30 mil millones de pesos si se aumenta el descuento. Sin embargo, los concejales desmontaron ese argumento con hechos: el recaudo no se pierde, la gente termina pagando, muchas veces sin descuento, por cuotas o con intereses.

Un mayor incentivo, lejos de afectar las finanzas, acelera el recaudo y mejora el flujo de caja, algo que ya se demostró en vigencias anteriores.

El concejal Jorge Flores fue enfático en aclarar un punto clave que la Alcaldía parece mezclar de manera conveniente pues hay que tener en cuenta que el acuerdo en discusión no aprueba actualizaciones catastrales ni modifica tarifas. Lo único que se discute es el descuento por pronto pago y la ampliación del plazo hasta marzo.

Por ejemplo, Flores recordó que muchos de los incrementos actuales tienen origen en una actualización catastral anterior, pero eso no exime a la Administración actual de la obligación de mitigar el impacto. Si hay predios con aumentos de hasta el 50%, el descuento debe ser mayor, no menor.

 Además, desmontó otro mito oficial: en 2025 hubo un descuento del 13% y las finanzas públicas no solo no colapsaron, sino que el presupuesto creció para 2026. Entonces, ¿por qué ahora sí “no da”?

El cierre del debate lo puso la voz ciudadana, directa, sin eufemismos. Un veedor recordó que los recibos del predial ya están llegando con aumentos del 6%, cuando la ley permite solo el 3%. Lo calificó como lo que es: un procedimiento ilegal. La advertencia fue clara y quedó en actas: si la Administración no corrige, habrá denuncias y acciones legales. No como amenaza política, sino como ejercicio legítimo de defensa de derechos.