Resumen
El senador colombiano Antonio José Correa Jiménez ha presentado un proyecto de ley para crear un sistema de información individual de procesos penales. El objetivo es evitar demandas contra el estado por retención arbitraria, garantizando los derechos de quienes han cumplido sus penas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Un proyecto de ley que crea el sistema de información individual de procesos penales ante jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad fue presentado ante el Senado de la República.
El proyecto 262 de 2024 fue radicado formalmente en la secretaria general de la Cámara Alta, por el Senador Antonio José Correa Jiménez, del Partido Unión de la Gente. Según el senador, para evitar demandas contra el estado colombiano, se deben registrar todos los procesos que se encuentran ante jueces de ejecución de penas.
El legislador enfatizó en que se debe tener en cuenta un registro de cada uno de los expedientes, esto con el fin de conocer el perfil de cada persona que será procesada bajo este proyecto. “Donde se incluya toda la información del condenado y se genere un sistema de alertas para el estudio de fondo del caso en aras de evitar demandas por retención arbitraria contra el estado”.
Explicó el senador que “es un proyecto que busca garantizar los derechos que han podido obtener aquellos que han cumplido con su pena privativa de la libertad y que muchas veces les toca quedarse por vicios de trámite, y por aquellas lentitudes del sistema judicial esperando a que le concedan el derecho a la libertad por pago en tiempo”.
Correa Jiménez explicó que esta es una estrategia que busca, no solamente lanzar esa alerta contra los jueces de ejecución de penas, “sino que efectivamente garantizarles su derecho a la libertad que debe ser de carácter inmediato y no postergado en el tiempo a la espera de quien haga el favor de acercamiento con el juez de ejecución de penas, o esperar a que su proceso, en una larga fila, tenga respuesta por parte de quien tenga que revisar dicha historia donde él haya ya pagado una pena privativa de la libertad y esté requiriendo ese derecho”.
“Es una medida que garantiza, porque hay muchos colombianos que hoy se encuentran privados de libertad, pero por ausencia de un efectivo acto administrativo de un juez de ejecución de penas no la obtiene y esto es violatorio, no solamente del derecho que ellos tienen por haber cumplido una pena, sino también derecho internacional humanitario”, concluyó el Senador.
