Presidenta de la Corte Constitucional desde Barichara: “El agua es un derecho autónomo y sin su garantía la dignidad no es posible”

Los Diálogos Constitucionales tuvieron lugar este 17 de abril en Barichara, Santander; municipio que recibió por primera vez a la Corte Constitucional, y que sirvió de escenario para dialogar sobre los retos territoriales y los aportes transnacionales en relación al derecho al agua potable.

La presidenta de la Corte, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, instaló el diálogo que se desarrolló en el auditorio del Instituto Técnico Aquileo Parra y recordó que este derecho es autónomo y sin su garantía, la dignidad no es posible.

"Quiero hablarles con total autenticidad, despojándome por un momento de la formalidad que a veces impone la toga. Desde la capital, con cierta frecuencia, el derecho se escribe con una pulcritud que asusta. Se redactan sentencias con palabras elegantes sobre el mínimo vital o la prestación de servicios públicos, pero hoy quiero hablarles con la franqueza de quien sabe que un concepto jurídico no calma la sed, ni llena un cántaro, ni evita que un niño enferme por beber agua contaminada", dijo la presidenta.

Además, la magistrada se refirió a la situación en el departamento de La Guajira y expresó que es una vergüenza nacional que, en pleno siglo XXI, la falta de agua potable sea la excusa  para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de la comunidad Wayuú.

La conferencia principal fue de manera virtual y estuvo a cargo del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, quien enfatizó sobre la obligación de los Estados de reconocer explícitamente estos derechos y traducirlos en marcos normativos eficaces que garanticen el acceso diario al agua. Subrayó, además, la necesidad de otorgar mayor relevancia al saneamiento, históricamente relegado, pese a que su ausencia limita de manera directa el acceso al agua potable en condiciones dignas.

EL derecho al agua es imperativo

La jornada continuó con el primer panel: La construcción del derecho al agua potable como convergencia entre marcos normativos globales y lecturas locales, que contó con la presencia de María Carolina Olarte Olarte, profesora asociada y directora de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes; Ramiro Ávila Santamaría, exmagistrado de la Corte Constitucional del Ecuador y académico; Érika Patricia Rincón Remolina, rectora de la Universidad Libre Seccional Socorro; Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del Área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Aquiles Arrieta Gómez, exmagistrado de la Corte Constitucional, profesor y consultor. En la moderación estuvo la magistrada de la Corte, Lina Marcela Escobar Martínez.

Las intervenciones destacaron que, si bien el reconocimiento del derecho al agua ha avanzado significativamente en el ámbito global —particularmente a través del sistema de Naciones Unidas y la jurisprudencia comparada—, su materialización efectiva depende de procesos de apropiación institucional y social en cada territorio. En este sentido, se subrayó la importancia de interpretar los estándares internacionales a la luz de las realidades locales, teniendo en cuenta factores culturales, ambientales y socioeconómicos.

Asimismo, los panelistas reflexionaron sobre el papel de los jueces constitucionales, la academia y las instituciones públicas en la consolidación de este derecho, resaltando la necesidad de construir enfoques integrales que articulen el derecho al agua con otros derechos fundamentales y con la protección del ambiente.

El agua es el reflejo

del esfuerzo institucional

Se hizo énfasis en el valor del diálogo entre experiencias comparadas en la región, así como en la importancia de fortalecer marcos normativos internos que reconozcan explícitamente este derecho y permitan su exigibilidad efectiva. Finalmente, se destacó que la garantía del acceso al agua potable requiere no solo de desarrollos jurídicos, sino también de voluntad política y de una gobernanza inclusiva de las comunidades.

En el segundo panel denominado el derecho de acceso al agua potable y la adecuada prestación de los servicios públicos, participaron Natasha Avendaño García, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; Jorge Alejandro Escobar Vargas, director del Instituto Javeriano del Agua; Alain Niño Riaño, consultor Servicios Públicos y TIC; Lizeth Paola Cortina Candanoza, directora de la Facultad de Derecho – Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, y Ángela María Escarria Sanmiguel, directora de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gestión de Residuos Sólidos de Andesco. El moderador del espacio fue el magistrado de la Corte, Miguel Polo Rosero.

Los panelistas coincidieron en que la garantía efectiva de este derecho depende en gran medida de la solidez institucional de las empresas prestadoras, así como de esquemas regulatorios y tarifarios que permitan la sostenibilidad financiera sin desconocer el carácter fundamental del acceso al agua. En este contexto, se resaltó la importancia de fortalecer la gestión empresarial, la planeación territorial y la inversión en infraestructura, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde persisten brechas significativas.

Igualmente, se subrayó la necesidad de articular el enfoque de derechos humanos con la lógica de los servicios públicos, incorporando criterios de equidad, accesibilidad y no discriminación en la prestación.

Voluntad y política pública

El evento cerró con el panel denominado Retos ambientales e industriales del derecho al agua, abordados desde las entidades territoriales y en perspectiva global, en el que participaron Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente de Colombia y experto en cambio climático; Mónica Espinosa Arango, antropóloga y pionera en la articulación con la ecología; Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt; William Guerrero Salazar, decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unisangil, y Luis Carlos Gutiérrez Puentes, estudiante de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA Bucaramanga. La moderadora fue la presidenta de la Corte, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.

Los intervinientes destacaron que el cambio climático, la contaminación y la presión de actividades productivas representan desafíos estructurales para la sostenibilidad hídrica, lo que exige repensar los modelos de uso y gestión del agua desde una perspectiva integral. En este sentido, se resaltó el papel de las entidades territoriales en la planificación y protección de las fuentes hídricas, así como la necesidad de fortalecer instrumentos de ordenamiento ambiental.

De igual forma, se discutió la importancia de incorporar enfoques interdisciplinarios que integren saberes técnicos, sociales y comunitarios en la toma de decisiones, reconociendo la diversidad de usos y significados del agua en distintos contextos. Los panelistas coincidieron en que la gobernanza del agua debe trascender el ámbito local e incorporar una perspectiva global, que permita responder a problemáticas compartidas y promover estándares comunes de protección. Finalmente, se hizo un llamado a avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, en los que la protección del agua sea un eje central de las políticas públicas y de la actividad industrial.