Resumen
Yuli Velásquez, líder de pescadores en Santander, denunció un ataque a su casa y pide protección. Ha denunciado corrupción y daños al ambiente, lo que la pone en riesgo en un país donde líderes sociales sufren violencia constante.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Yuli Velásquez, denunció un ataque a su vivienda en Barrancabermeja. En la madrugada del viernes, desconocidos pintaron un grafiti que decía "Fuera Clan del Golfo". Velásquez expresó su indignación y preocupación, afirmando que está cansada de amenazas por su trabajo y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva.
La líder ha sido objeto de intimidaciones previas, incluyendo panfletos de supuestas disidencias de las FARC que la amenazaban de muerte. Velásquez es reconocida por su labor en defensa del agua y el medio ambiente, liderando la Federación de Pescadores Artesanales, Fedepesan. Ha denunciado corrupción en contratos ambientales y la mortandad de especies en el caño San Silvestre.
El grafiti fue captado por cámaras de seguridad, y Velásquez entregó el material a las autoridades para identificar a los responsables. La Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de $5 millones por información que conduzca a los agresores. La líder espera que la Policía actúe y aseguró que seguirá adelante con su labor a pesar de las amenazas.
La situación de los líderes sociales en Colombia es preocupante. Según la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, en el 2023 cerca de 50 líderes fueron objeto de 118 hechos victimizantes, entre atentados, hostigamientos, amenazas y desplazamientos forzados. Esto refleja un panorama de riesgo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente en el país.
Ante esta situación, es fundamental que las autoridades brinden protección efectiva a los líderes sociales y garanticen su integridad. Asimismo, es necesario investigar y sancionar a los responsables de estos actos violentos para evitar la impunidad y garantizar la seguridad de quienes ejercen un papel crucial en la defensa de los derechos y el medio ambiente en Colombia.
