La entidad sostuvo que actualmente las personas se encuentran en riesgo al confirmarse el ingreso de una que padece una enfermedad infectocontagiosa y otra más que está a la espera de diagnóstico.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades municipales, departamentales y del orden nacional, para que se revise la situación actual en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, en condición de sindicadas, en la estación de policía del municipio de Santa Rosa, en Risaralda.

La Procuraduría Regional de Instrucción del departamento visitó dichas instalaciones, en las que constató que 62 ciudadanos permanecen detenidos, a la espera de que se practiquen las audiencias de sus respectivos procesos penales.

La Entidad calificó como “inaceptable” el hacinamiento que presenció en la improvisada carceleta, además de evidenciar que existen otros espacios abiertos sin ninguna seguridad, más allá de la vigilancia de las unidades policiales, donde se tienen personas en sillas y camarotes esposados las 24 horas del día, algunos de los cuales se ven obligados a compartir las colchonetas para descansar.

Además, la entidad sostuvo que actualmente las personas se encuentran en riesgo al confirmarse el ingreso de una que padece una enfermedad infectocontagiosa y otra más que está a la espera de diagnóstico.

Igualmente, se evidenció que no hay separación entre los hombres y las mujeres, y que únicamente disponen de dos unidades sanitarias para compartir su uso, por lo que el ente de control pidió acciones inmediatas que permitan conjurar la vulneración de sus derechos.

La Procuraduría solicitó mejorar las condiciones de seguridad para prevenir riesgos sanitarios y que se preserve la integridad física de todos los que allí conviven, así como evitar que se tenga que destinar un gran número de miembros de la Policía a la función de custodia, desatendiendo forzosamente otras actividades de vigilancia en el municipio.