Procuraduría advierte que reserva en Santurbán podría aumentar la minería ilegal en el futuro

​​La entidad se refirió a la necesidad de adoptar decisiones definitivas de ordenamiento minero ambiental del territorio con una participación incidente de las autoridades ambientales regionales y las comunidades asentadas en el territorio. Uno de los puntos clave para el Ministerio de medio Ambiente es explicar por qué incluyeron en la propuesta de zona de reserva a municipios que no tienen vocación minera como Bucaramanga, Charta o Matanza.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación presentó formalmente sus observaciones al proyecto de resolución que propone declarar una zona de reserva en el macizo de Santurbán, que abarca 75.357 hectáreas en el departamento de Santander, medida orientada a la protección de los recursos naturales en la región.

Una de las principales observaciones es que el proyecto de resolución aplica incorrectamente el principio de precaución, imponiendo restricciones excluyendo actividades económicas sin un principio de certeza científica.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, este principio debe aplicarse excepcionalmente, solo cuando haya serios riesgos para el medio ambiente, pero no se justifica adecuadamente en todas las áreas de la zona propuesta para reserva, afectando actividades productivas legales y consolidadas o en proceso de formalización.

Así mismo, el documento señala que el proyecto no respeta situaciones jurídicas consolidadas de comunidades asentadas en el territorio, medida que podría generar incertidumbre jurídica, lo que podría favorecer el desarrollo de actividades de extracción ilícita de minerales y el consecuente deterioro ambiental, social y económico que ello supone.

Otro punto de análisis es que el proyecto no justifica la determinación de un área mayor a la que plantean los soportes técnicos en los que se basa el proyecto de resolución, lo que genera inquietudes sobre su justificación.

La Procuraduría también resaltó la necesidad de una mayor participación de los sectores involucrados, en especial los actores relevantes del territorio y las autoridades locales y regionales, ya que es crucial que estos actores sean consultados y escuchados antes de tomar una decisión final, dado que la resolución podría tener un impacto ambiental, social y económico significativo en la región.

Finalmente, advirtió sobre los posibles efectos de la resolución en más de 600 pequeños mineros, así como el riesgo de fomentar la minería ilegal en la zona, aspectos que deben ser analizados con mayor profundidad para evitar consecuencias perjudiciales para la población local y el desarrollo social y económico de la región.

Por estas razones, hizo un llamado a un debate más amplio y a un análisis detallado de los impactos de la resolución, solicitando que se respeten las situaciones jurídicas consolidadas de los mineros y que se culmine antes la delimitación adecuada del páramo de Santurbán, en cumplimiento a la sentencia T-361 de 2017, habiendo transcurrido 8 años desde su emisión, buscando así un equilibrio entre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades involucradas.

¿Hay desacato?

Además, desde el ministerio público, solicitaron verificar y valorar la configuración de un eventual desacato por parte de la Ministra de Ambiente por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena delimitar el páramo de Santurbán.

Advirtió el Ministerio Público que, en el periodo comprendido entre diciembre del 2023 a marzo del 2024, no se conoce que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, haya realizado ningún tipo de actividad o actuación para dar cumplimiento a la Orden Quinta de la Sentencia de T-361 de 2017 proferida por la Corte Constitucional.

Así mismo, pese a los reiterados requerimientos del ente de control, aún se desconocen  las razones por las cuales de manera injustificada, la cartera ministerial suspendió el proceso de delimitación del ecosistema estratégico ni tampoco las aclaraciones sobre el incumplimiento del cronograma acordado con el tribunal de Santander.

Alerta también la Procuraduría y la Defensoría sobre la falta de información a los participantes del procedimiento de delimitación del páramo Jurisdicciones Santurbán-Berlín a través del Micrositio “Santurbán Avanza” en la página web del MADS, el cual se encuentra desactualizado a pesar de ser el principal medio para reportar y publicar datos a todos los actores involucrados.

Finalmente, la conjunta solicitud refiere un inquietante retraso en el cronograma de ejecución, programación presentada por el MADS que tampoco fue publicada en el mencionado sitio, tal como lo establece la Sentencia, lo ha generado diversos conflictos sociales y presuntas situaciones de incumplimiento de lo estipulado en la orden y de los compromisos previos con las comunidades.

….