Procuraduría alerta que zonas de protección ambiental cumplen 10 años sin decisión definitiva

Por instrucciones del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el ente de control presentó observaciones a proyecto que prorroga zonas de protección y desarrollo de recursos naturales, vigentes desde 2015.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La mas reciente la estableció el gobierno nacional en Santander donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, por medio de una resolución, creó una Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables que tiene cobertura sobre el macizo de Santurbán. Según lo explicó en su momento la jefatura de la cartera ambiental, esta medida busca proteger las fuentes hídricas esenciales para más de 1.3 millones de personas, garantizar el cuidado de la biodiversidad y avanzar hacia una gestión sostenible del territorio.

La resolución, basada en el principio de precaución, causó toda una serie de polémicas, primero porque no fue consultada con las comunidades, las cuales alegan que la misma, por ser prorrogable indefinidamente, podría generar una serie de consecuencias graves en términos sociales y económicos pues prohíbe el desarrollo de actividades económicas en la región de Soto Norte, incluso, en áreas rurales de la capital santandereana donde también tiene jurisdicción la zona de reserva ambiental.

EN este contexto, la Procuraduría General de la Nación presentó observaciones al proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que propone prorrogar por dos años más la vigencia de varias zonas de protección y desarrollo de recursos naturales renovables, inicialmente declaradas en 2015.

El órgano de control expresó su preocupación por la ausencia de avances técnicos y jurídicos que sustenten una nueva prórroga para las zonas ubicadas en Cumaribo (Vichada), Serranía de San Lucas (Bolívar), Serranía de Perijá (Cesar - La Guajira), Arauca (Arauca) y Patía (Cauca).

 El ente de control advierte que, desde su creación, la figura de reserva concebida como una medida excepcional y temporal ha sido prorrogada en cinco ocasiones sin que se haya concretado la declaratoria definitiva en cinco de los seis polígonos inicialmente establecidos, convirtiéndose en una medida permanente sin el respaldo técnico que justifique su continuidad.

Finalmente, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios también advirtió sobre el impacto social de la medida en comunidades como la del sur de Bolívar, donde las restricciones han impedido que pequeños mineros avancen en su formalización y desarrollen actividades legales mientras no se defina el estatus jurídico de las áreas protegidas.