Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación ha intervenido en el polémico proyecto de exploración de gas en el pozo Uchuva-2, frente a la costa de Santa Marta, al solicitar a un juez que anule la decisión que suspendió las actividades de Ecopetrol y Petrobras. Esta suspensión se originó tras una tutela presentada por un cabildo indígena, que argumentó la falta de consulta previa sobre el impacto de la exploración en su zona de pesca.
El juez del caso había ordenado detener todas las actividades relacionadas con el pozo debido a la falta de diálogo con las comunidades étnicas. La Procuraduría, a través de su procurador delegado para asuntos ambientales, ha solicitado que en lugar de la suspensión se exija a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) cumplir con los requisitos de la licencia ambiental, asegurando la participación de los ciudadanos.
El cabildo indígena de Taganga, liderado por Ariel Daniels Andreis, fue el responsable de interponer la tutela, argumentando que no fueron consultados antes de iniciar las perforaciones.
La Procuraduría también enfatizó que es crucial garantizar el derecho de participación ciudadana, sin que ello afecte el avance de las labores de exploración y explotación de gas en el pozo Uchuva-2. El futuro de este proyecto ahora queda en manos del juez que revisará la solicitud de la Procuraduría.
