Prohibición de parrillero en moto se aplicará desde 2026 en Bucaramanga
Resumen
Desde el 2 de febrero de 2026, Bucaramanga y municipios cercanos prohibirán el acompañante en motocicletas. La medida busca reducir el transporte informal y mejorar el servicio público.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón se reunieron con el Juez 15 Administrativo para evaluar las medidas contra el transporte informal y fijar la restricción al acompañante en motocicletas en el área metropolitana.
El encuentro tuvo lugar con el propósito de conocer el avance de los planes de control y concertar las fechas clave para su implementación.
La decisión acordada establece que la prohibición de parrillero en motocicleta entrará en vigor el 2 de febrero de 2026.
A partir de esa fecha, ningún conductor podrá circular con acompañante en los cuatro municipios, bajo sanciones que incluirán multas económicas y retención del vehículo.
El cronograma exige a los alcaldes presentar en agosto de 2025 los planes de acción detallados.
Esos documentos deberán incluir estudios de rutas, propuestas de tecnología para conteo de unidades y estrategias de fiscalización. El juez evaluará esos planes y emitirá un concepto definitivo.
En diciembre de 2025, cada municipio deberá expedir los actos administrativos que oficialicen la restricción.
Solo tras esa formalización podrá iniciarse la aplicación de sanciones. La norma perseguirá reducir el parque de motocicletas dedicadas a servicios informales y reforzar la oferta de transporte público.
El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, resaltó el cumplimiento de la mitad de las propuestas.
“Hemos completado nueve de los 18 puntos presentados. Este avance demuestra la voluntad de coordinar acciones. El Área Metropolitana debe incorporar tecnología de geoposicionamiento y habilitar nuevas rutas en sectores con baja cobertura. Antes de agosto entregaremos al juez los estudios solicitados”.
La restricción al parrillero figura entre las estrategias más controvertidas para disminuir la informalidad en el transporte.
Su aplicación busca equilibrar la demanda de movilidad y mejorar la calidad del servicio público en la región metropolitana.
