Prohibición del parrillero en Bucaramanga es una prueba del fracaso de la autoridad
Resumen
La prohibición del parrillero en Bucaramanga perjudica a familias mientras los mototaxistas ilegales siguen operando sin sanción. Se necesita un plan integral que desactive la red de transporte pirata y soluciones a largo plazo, más allá de simples prohibiciones.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La prohibición del parrillero en sectores de Bucaramanga no soluciona el mototaxismo; penaliza a familias trabajadoras y libra impunidad a quienes lucran con el transporte informal.
La Alcaldía emitió la Resolución 063 de 2026 y la Dirección de Tránsito oficializó restricciones por horas y zonas. La medida llegó sin un plan integral que desactive la red de mototaxis pirata ni reduzca la violencia urbana ligada a esa actividad.
El resultado es claro. El castigo recayó sobre ciudadanos que usan la motocicleta para llevar a sus hijos al colegio, trasladar a sus parejas al trabajo y movilizar a la familia. Esa es la población que recibe el golpe mientras los operadores ilegales actúan con impunidad.
Las autoridades de Tránsito identificaron 96 terminales informales dedicados al transporte pirata. Es en esos puntos donde la respuesta debe ser firme y transparente.
Las acciones necesarias incluyen decomiso inmediato de vehículos que presten servicio ilegal, plazos definidos, por ejemplo sesenta días, para que los propietarios las retiren de los patios o chatarrización definitiva para evacuar espacios.
La subasta de motos incautadas alimenta cadenas que devuelven activos a las mismas redes criminales. El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, SITME, exhibe fallas protuberantes que requieren auditoría y reingeniería y no caerles a los motociclistas.
Contratos de alto costo y buses que circulan semivacíos reflejan un modelo ineficiente que dejó jugosos dividendos a intermediarios. Mientras persistan esos vacíos, la piratería encontrará mercado para prosperar. El Municipio debe auditar contratos, retirar de circulación vehículos obsoletos y reconfigurar rutas con prioridades de seguridad, frecuencia y cobertura real.
La sanción administrativa debe complementarse con acciones penales contra los líderes de las redes que explotan esas mafias de mototaxistas. Si existen evidencias de complicidad política o financiera, se requiere investigaciones públicas con plazos y resultados verificables. La autoridad no puede ceder ante presiones ni dudas al momento de aplicar la Ley. La seguridad vial demanda decisiones técnicas y excepcionales cuando la convivencia urbana se encuentra en riesgo.
La respuesta eficaz también pasa por ofrecer alternativas reales a conductores informales dispuestos a formalizar su actividad. Hay que diseñar programas de formación, crear incentivos para la reconversión laboral y rutas claras de afiliación a esquemas de transporte.
El enfoque exclusivo en prohibiciones sin rutas de salida para los afectados condena a muchas familias al subempleo. La ciudadanía exige liderazgo, transparencia y calendarios públicos que definan acciones y responsabilidades.
La Administración municipal debe publicar informes periódicos sobre decomisos de motos y el avance de los procesos administrativos. Sin datos verificables, cualquier medida quedará reducida a espectáculo.
Bucaramanga merece políticas públicas con rumbo, rigor y justicia. Prohibir el parrillero en sectores seleccionados resulta insuficiente y contraproducente. La solución exige atacar la raíz criminal, sanear contratos públicos y aplicar sanciones contundentes que disuadan la reincidencia. La ciudad reclama acciones con seriedad institucional, no atajos ni soluciones cosméticas.
