Promesas, anuncios y realidades, el peaje pendiente del Gobierno con la infraestructura

Por: Mariana Ballestas

A pocos días del Congreso Nacional de Infraestructura, que se realizará del 26 al 28 de noviembre, el sector llega con una mezcla de expectativa, cansancio institucional y necesidad de hacer balance. Este es un buen momento para revisar con calma qué a significado este gobierno para la infraestructura, no desde la confrontación política ni desde la emoción, sino desde lo contractual, lo técnico y lo que realmente ha podido o no ejecutarse.

En los últimos meses el gobierno nacional ha venido aumentando el ritmo de anuncios, han hablado de pagos liberados, obras retomadas, acuerdos alcanzados y compromisos acelerados. Todo presentado como si el sector estuviera avanzando con fluidez. Sin embargo, quienes conocen la estructura de estos proyectos saben que muchos de esos anuncios llegan después de meses marcados por retrasos administrativos, cambios de criterio, cambios de funcionarios, tensiones innecesarias y mensajes contradictorios. La sensación es que varios de estos avances reflejan más una reacción tardía que una planificación coherente.

El principal reto de estos años no fue la ingeniería ni la financiación, es la institucionalidad. La infraestructura en Colombia a enfrentado un deterioro claro de la seguridad jurídica y ese deterioro tiene efectos muy concretos. Cuando los contratos se reinterpretan según el clima político, cuando los plazos administrativos se alargan sin sustento técnico y cuando el cumplimiento de obligaciones depende del momento y no del acuerdo firmado, la infraestructura pierde lo que más necesita para ejecutarse bien, continuidad y certeza.

Ese desgaste institucional se vuelve evidente cuando se revisan los proyectos que hoy están trabados, no por falta de capacidad técnica o financiera, sino porque la gestión pública no ha respondido con la oportunidad que exige un contrato en ejecución. La ampliación de la Autopista Norte y la Troncal de los Andes en Bogotá, Autopistas del Caribe, Antioquia - Bolivar, Neiva-Santana-Mocoa, entre otros son ejemplos claros, de cómo iniciativas sólidamente estructuradas, con necesidad real y urgencia territorial, que han entrado en escenarios críticos por la ausencia de decisiones oportunas en licencias ambientales, desconocimiento del entorno social, permisos y procesos administrativos que son responsabilidad del Estado. Si esta situación continúa, podrían llegar a escenarios de terminación anticipada, algo que no solo es costoso sino evitable.

A esto se suma un hecho preocupante y es que nunca el sector había tenido tantos contratos en disputa y tantos tribunales de arbitramento activos al mismo tiempo. Y cuando el arbitraje se vuelve regla y no excepción, el mensaje al mercado es contundente, ya las reglas no son tan confiables como antes.

En medio de este panorama hay un punto que vale la pena resaltar. Si el sector no se detuvo, no fue porque existiera un ambiente institucional estable, sino porque el empresariado demostró una resiliencia ejemplar. Concesionarios, financiadores, constructores y operadores mantuvieron compromisos aun en momentos donde el contexto invitaba a suspender, pausar o simplemente esperar. Esa resiliencia evitó que los proyectos se frenaran por completo y permitió que miles de empleos, dinámicas territoriales y cronogramas siguieran en movimiento.

Esta capacidad no se improvisa, Colombia ha construido durante más de una década una industria sofisticada que entiende la infraestructura como una apuesta de largo plazo y que ha consolidado un modelo de alianzas público-privadas que ha sido clave en la región. Avance no es mérito de un gobierno, sino del país.

Paradójicamente, después de años de cuestionamientos al modelo APP y al papel del sector privado, el propio Gobierno terminó reenfocando su postura y aceptando en la práctica que no existe un mecanismo alternativo con la capacidad de financiar y ejecutar infraestructura estratégica a la escala que Colombia necesita.

Así mismo, no todo ha sido retroceso, se abrieron debates necesarios sobre sostenibilidad en infraestructura, casos como la apuesta en materia de sostenibilidad que han hecho concesiones viales de 5G Autopista Magdalena Medio y Autopista del Río Grande, son prueba de ello. Sin embargo, varios de esos debates siguen siendo conversaciones y no realidad en obra.

Hoy el reto no es hacer más anuncios, el reto es restablecer la confianza, cumplir lo pactado, evitar decisiones improvisadas y recordar que la infraestructura no puede depender del péndulo político ni del ánimo gubernamental del momento. Debe ser una política de Estado.

Porque si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay ejecución.

Y sin ejecución, no hay desarrollo posible.