Promesas gigantes y realidades modestas
Resumen
El gobierno de Petro prometió tres millones de hectáreas para campesinos, pero solo ha gestionado 601 mil, de las cuales 166 mil han sido compradas. Aunque ha habido avances notables en presupuesto y formalización de tierras, los resultados aún son insuficientes.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Felipe Rodríguez Espinel.
Cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia con la promesa de entregar tres millones de hectáreas a los campesinos colombianos, muchos vieron en esa meta la posibilidad real de cerrar una herida histórica del país. Después de todo, la concentración de la tierra ha sido la raíz de buena parte de nuestros conflictos. Sin embargo, tras dos años y medio de gestión, es hora de preguntarnos: ¿vamos por buen camino o estamos ante otro espejismo de la política colombiana?
El momento más simbólico de este gobierno en materia agraria fue, sin duda, cuando en octubre de 2022 se sentó con Lafaurie, presidente de Fedegán, para firmar un acuerdo histórico. La imagen era poderosa, el presidente de izquierda estrechando la mano del líder de los ganaderos, esposo de María Fernanda Cabal, una de sus más férreas opositoras.
El acuerdo parecía la cuadratura del círculo, los ganaderos venderían voluntariamente tres millones de hectáreas al Estado, que las redistribuiría entre campesinos sin tierra. Todo a precio justo, sin expropiaciones, con supervisión internacional. Parecía demasiado bueno para ser cierto y, efectivamente, lo era. Dos años después, de esos tres millones de hectáreas prometidas, apenas se han ofertado 275 mil. Peor aún, solo 58 mil están ubicadas en las regiones donde el gobierno quiere comprar (Caribe y Magdalena Medio). Es como si alguien te ofreciera un apartamento en Miami, pero resulta que está en Medellín.
El gobierno celebra haber gestionado 601 mil hectáreas para el Fondo de Tierras. Suena impresionante hasta que uno escarba en los detalles. De esas 601 mil, solo 166 mil han sido efectivamente compradas y escrituradas. Las otras 234 mil están en trámite, lo que en lenguaje burocrático colombiano puede significar cualquier cosa.
Sería injusto no reconocer los avances genuinos. El presupuesto para la Agencia Nacional de Tierras creció más del 1.200%, pasando de 320 mil millones a 4,1 billones de pesos. La institucionalidad se fortaleció, de 8 oficinas territoriales pasaron a 92. En formalización de títulos, el gobierno ha logrado cifras récord: 1,5 millones de hectáreas tituladas, superando ampliamente a las dos administraciones anteriores juntas. Se han constituido 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina y se han creado líneas de crédito con tasas históricamente bajas del 4%.
Tras dos años y medio, el balance del gobierno Petro en materia agraria es agridulce. Ha puesto recursos sin precedentes, ha mostrado voluntad política real y ha logrado alianzas impensables. Pero también ha caído en la tentación de privilegiar la cantidad sobre la calidad y de hacer promesas que rozan lo imposible. La reforma agraria no se mide solo en hectáreas entregadas, sino en vidas transformadas. Y ahí, la tarea apenas está comenzando. El tiempo se agota, pero todavía hay oportunidad de corregir el rumbo.
Al final, los campesinos colombianos no necesitan promesas grandilocuentes. Necesitan tierra buena, apoyo real y la certeza de que el Estado no los va a abandonar después de la foto de entrega. Ese debería ser el verdadero cambio.
