Proyecto de ley encendería debate por posible prohibición de plataformas de transporte

Un proyecto de ley presentado en el Senado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte generó preocupación entre las plataformas digitales de movilidad como Uber, Didi y Cabify, al plantear la prohibición de su operación en Colombia y establecer un nuevo régimen de sanciones para conductores, usuarios y terceros que faciliten este tipo de servicios.

La iniciativa propone declarar ilegal cualquier traslado de personas o carga en vehículos particulares que no cuenten con autorización oficial, modificando el régimen sancionatorio vigente y endureciendo las medidas contra lo que se denomina “servicio ilegal de transporte”.

Entre las sanciones contempladas se incluyen multas que podrían llegar hasta los 726 millones de pesos, así como la inmovilización de los vehículos por periodos progresivos: 60 días en la primera infracción, 90 en la segunda y 120 en las siguientes. Además, se establecen multas cercanas a los 4,7 millones de pesos por cada evento a quienes contraten, promuevan o faciliten estos servicios, lo que abarcaría tanto a usuarios como a plataformas y propietarios de espacios donde se preste el servicio.

Otro punto polémico del proyecto es que califica estas actividades como una posible alteración del orden público, lo que obligaría a la Policía Nacional y a las alcaldías a priorizar su control, especialmente en zonas de alta demanda como aeropuertos, centros comerciales y terminales de transporte. Incluso se contempla la posibilidad de ordenar el cierre de plataformas sin necesidad de orden judicial.

Desde el sector, José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, advirtió que la propuesta representa un retroceso. En declaraciones a Blu Radio, aseguró que se trata de un proyecto “regresivo” que podría afectar a cientos de miles de personas que obtienen ingresos a través de estas aplicaciones, además de limitar libertades individuales.

López también cuestionó un artículo que impediría a congresistas y funcionarios públicos pronunciarse a favor del uso de plataformas, al considerar que se trataría de una forma de censura.

Mientras el proyecto inicia su trámite en el Congreso, la discusión sobre el futuro de las plataformas de movilidad vuelve a ocupar el centro del debate nacional, en un escenario donde confluyen temas de legalidad, empleo, innovación y derechos de los usuarios.