Proyectos paralizados amenazan el desarrollo vial y educativo en Santander

Santander, uno de los principales motores económicos del país y bastión petrolero del nororiente colombiano, enfrenta un serio riesgo fiscal: más de $124 mil millones podrían perderse por fallas graves en la ejecución de siete proyectos de infraestructura. Así lo alertó el más reciente Índice de Gestión de Proyectos de Inversión (IGPR), elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, que ubicó al departamento en el preocupante puesto 28 entre 33 entidades territoriales durante el segundo semestre de 2024, con un puntaje de apenas 66,9 sobre 100.

El informe, sumado a una reunión reciente entre la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación, encendió las alarmas sobre el destino incierto de cuantiosos recursos del Sistema General de Regalías (SGR), concebidos para impulsar el desarrollo regional a través de obras prioritarias en sectores como la educación y la conectividad vial.

La lupa está puesta sobre siete proyectos heredados de administraciones pasadas que, según el Ministerio Público, presentan una ejecución lenta, irregular o directamente suspendida. La cifra conjunta de inversión supera los $124.374 millones, una suma que, de no corregirse el rumbo, podría quedar atrapada en obras a medio hacer o en asfaltos que no llevan a ningún destino.

Obras con fallas críticas

Entre los proyectos en observación se destacan tramos viales como Vélez – Guavatá, Jesús María – Florián, San Gil – Pinchote y Girón – Zapatoca. También hay dos instituciones educativas en construcción y un programa de viviendas rurales en Matanza, este último con serias deficiencias estructurales. A continuación, el detalle:

• Vélez – Guavatá ($13.615 millones): se hallaron 30 puntos críticos. El contratista intenta hacer reparaciones antes de la liquidación.

• Jesús María – Florián ($56.835 millones): suspendido. Hay indicios de incumplimientos graves en la interventoría y errores de consultoría.

• San Gil – Pinchote ($10.256 millones): sigue en obra, pero enfrenta rediseños y problemas de alcantarillado.

• Girón – Zapatoca ($20.805 millones): firmado en 2023. La inversión fue insuficiente y se adicionaron $6.300 millones.

• Colegio Lucas Caballero, Suaita ($16.499 millones): fue rediseñado por conflictos ambientales con una fuente hídrica cercana.

• Institución Pitiguao, Mogotes ($3.855 millones): recibió una adición presupuestal de $900 millones para avanzar.

• Viviendas rurales, Matanza ($2.509 millones): suspendido. Se detectaron placas fracturadas, desgaste prematuro y ausencia de estudios técnicos.

Los hallazgos evidencian una crisis de planeación que golpea directamente la confianza ciudadana en la administración pública. La ejecución de recursos de regalías, pensados como motor del desarrollo, se ha convertido en un obstáculo por la falta de previsión técnica, errores contractuales y deficiente supervisión.

“Las obras viales rurales no son un lujo, son una necesidad para reducir pobreza, mejorar acceso a servicios y dinamizar la economía campesina. Pero si se frenan o fracasan, los costos sociales son enormes”, explicó un experto en contratación pública.

Ante la situación, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, publicó en sus redes sociales: “Agradecemos a la Procuraduría General de la Nación por permitirnos este espacio de trabajo donde mostramos los avances en obras de regalías con problemas de planeación, contratadas en la anterior administración. Son proyectos de educación y vías. En un mes haremos seguimiento”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Jessica Mendoza, recalcó el compromiso del equipo técnico actual:“Solicitamos a la Procuraduría que visitáramos cada uno de esos proyectos para tener una percepción directa de las acciones que hemos emprendido”, aseguró.

Una herencia pesada

La actual administración departamental enfrenta un panorama complejo. Si bien no es responsable del origen de estos proyectos, sí tiene la responsabilidad de evitar que terminen en elefantes blancos o, peor aún, en un detrimento patrimonial irreversible.

Expertos en gestión pública coinciden en que es necesario un giro radical en la forma como se planean, contratan y supervisan las obras con recursos de regalías. Se necesita fortalecer la capacidad técnica del departamento, garantizar transparencia en cada etapa del proceso y, sobre todo, escuchar a las comunidades que siguen esperando que los anuncios se conviertan en realidades tangibles.

La Procuraduría anunció que hará seguimiento detallado a cada proyecto, con visitas in situ, informes periódicos y advertencias tempranas. El tiempo corre, y con él, el riesgo de que Santander pierda no solo millonarios recursos, sino también la oportunidad de avanzar hacia un desarrollo equitativo y sostenible.