Aunque el balance nacional de la política agraria ha generado un amplio debate sobre el cumplimiento de las metas inicialmente propuestas por el Gobierno, los indicadores territoriales muestran que Santander figura entre los departamentos donde la ejecución de los programas de acceso a la tierra, formalización y recuperación de predios ha tenido mayor dinamismo.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

A los procesos de adjudicación de baldíos, formalización de la propiedad privada y recuperación de predios provenientes del narcotráfico y el paramilitarismo, se suman iniciativas de fortalecimiento institucional, titulación de bienes públicos rurales y creación de espacios de participación campesina.

De esta manera, si se consolidan todas las actuaciones adelantadas en el departamento durante el último año, Santander supera las 10.500 hectáreas intervenidas mediante diferentes mecanismos de la Reforma Agraria, una cifra que lo ubica entre las regiones con mayor actividad de la Agencia Nacional de Tierras en el país.

Durante el primer semestre de este año, la ANT adjudicó 2.172 hectáreas de baldíos de la Nación a 54 familias campesinas que durante décadas ocuparon esos terrenos sin contar con un título legal. Con la entrega de las escrituras, esas familias adquirieron por primera vez la propiedad formal de las tierras que trabajan.

Paralelamente, la entidad formalizó la propiedad privada de otras 1.345 hectáreas pertenecientes a 148 familias campesinas, especialmente en municipios ubicados en las zonas de influencia de los páramos de Santurbán y Almorzadero, donde históricamente existían problemas de informalidad sobre la tenencia de la tierra.

A estos resultados se suma la clarificación jurídica de más de 4.500 hectáreas rurales, un proceso técnico mediante el cual el Estado define la naturaleza legal de los predios para brindar seguridad jurídica a quienes los ocupan y facilitar futuros procesos de titulación.

Uno de los componentes más visibles de la política agraria en Santander ha sido la recuperación de predios que permanecían vinculados a estructuras del narcotráfico y del paramilitarismo.

La Agencia Nacional de Tierras informó que cerca de 2.300 hectáreas fueron recuperadas tras procesos administrativos que permitieron retirar esos bienes de antiguos exjefes paramilitares y grandes poseedores, especialmente en el municipio de Cimitarra.

A esta estrategia se sumó la recuperación de otras 442 hectáreas en los municipios de Cimitarra y Sabana de Torres, obtenidas mediante operativos conjuntos entre la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Policía Nacional.