¿Qué están acordando en las reuniones clandestinas entre MinAmbiente y el Comité de Santurbán en Bucaramanga?

La discusión sobre el futuro del páramo de Santurbán volvió a encenderse en Santander luego de que más de 30 organizaciones sociales, comunales, campesinas y de pequeños mineros denunciaran la realización de una reunión privada entre la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, y representantes del denominado Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, encuentro que, según los denunciantes, se desarrolló sin convocatoria pública y por fuera de los escenarios oficiales de participación ciudadana.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con las organizaciones, la reunión se llevó a cabo desde las primeras horas de la mañana en el Hotel Chicamocha de Bucaramanga y contó con un dispositivo de seguridad de la Policía Nacional. Según la denuncia, también participaron integrantes del Sindicato del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y voceros del Comité de Santurbán.

La situación ha generado fuertes cuestionamientos debido a que ocurre cuando faltan pocas semanas para la finalización del actual Gobierno Nacional y en medio del proceso de concertación para la nueva delimitación del páramo de Santurbán, un tema que durante años ha enfrentado a comunidades campesinas y mineras con organizaciones ambientalistas y autoridades nacionales.

Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas e integrante del proceso de participación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Alto Lebrija, aseguró que la reunión despierta serias dudas sobre la transparencia del proceso.

"La pregunta que todos nos hacemos es qué están escondiendo, por qué necesitan reunirse a puerta cerrada y qué tipo de acuerdos estarían intentando construir sin la presencia de las comunidades directamente afectadas", manifestó la dirigente.

Según González, el Ministerio de Ambiente estaría dejando por fuera a sectores que, de acuerdo con la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, deben participar activamente en la construcción de la nueva delimitación del páramo. La líder también sostuvo que se habrían ignorado las solicitudes de transparencia elevadas por la Gobernación de Santander, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Las organizaciones anunciaron que solicitarán ante las autoridades judiciales y los organismos de control la suspensión de la mesa de concertación programada para los días 18 y 19 de julio, al considerar que no existen garantías suficientes de participación ni de imparcialidad.

Asimismo, expresaron su intención de pedir que el proceso sea retomado por el próximo Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, argumentando que la administración saliente dejó transcurrir más de tres años sin avances significativos y ahora pretende acelerar las decisiones en la recta final de su mandato.

Los voceros señalaron además que 136 Juntas de Acción Comunal de los municipios de Tona, Vetas, California, Suratá, Matanza y Charta, así como de los corregimientos 1, 2 y 3 de Bucaramanga, respaldan la solicitud de aplazamiento. Según las organizaciones, estos sectores representan a cerca de 25.000 habitantes de la provincia de Soto Norte, quienes consideran que el proceso de delimitación ha sido manipulado y se ha apartado de los parámetros fijados por la Corte Constitucional.

En el pronunciamiento, los líderes sociales también cuestionaron que, mientras oficialmente se habla de escenarios de diálogo, se desarrollen reuniones privadas que, a su juicio, podrían afectar la confianza en un proceso que debería caracterizarse por la publicidad, la transparencia y la participación de todos los actores involucrados.

Como medida de presión, las organizaciones anunciaron que se declararán en desobediencia civil pacífica frente al proceso de delimitación mientras no existan garantías de participación efectiva. También advirtieron que acudirán a instancias judiciales nacionales e internacionales para controvertir cualquier decisión que, en su criterio, desconozca los derechos de las comunidades asentadas históricamente en Soto Norte.

Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no había emitido una respuesta oficial frente a las denuncias formuladas por las organizaciones sociales sobre el contenido y el alcance de la reunión realizada en Bucaramanga. Entretanto, la polémica vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates ambientales, sociales y económicos más sensibles para Santander: la protección del páramo de Santurbán, la seguridad hídrica de millones de personas y el futuro de las comunidades que habitan en su zona de influencia.