Resumen
El artículo critica la condena a prisión de funcionarios colombianos por errores administrativos menores, sugiriendo reformas en la dosimetría penal. La Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, propone escenarios de trabajo para la redención de penas, como granjas y talleres industriales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La pregunta formulada a la nueva ministra de Justicia, la exmagistrada de la Corte Suprema de Colombia, Ángela María Buitrago, por periodistas de la sala de redacción de EL FRENTE, buscaba recordarle que existe un compromiso moral con la nación, al modificar la dosimetría penal que ha arruinado la vida de muchos funcionarios públicos responsables de errores administrativos, errores administrativos que desde hace pocos años se pagan con cárcel.
¿Cómo puede entenderse que un artista santandereano, de excelentes calidades morales, como ‘El Tocayo’ Vargas, haya sido condenado a más de cinco años de prisión por haberle suministrado, en su condición de alcalde del municipio de Bolívar (Santander), combustibles a vehículos de la Policía Nacional, hace ocho (8) años, para la movilización de la fuerza disponible, entendiéndose que no existía partida presupuestal para atender esos requerimientos?
¿Cómo pudieron sus enemigos políticos condenar a prisión al ex alcalde de Zapatoca, Ariel Díaz Rueda, por comprarle a una ferretería de su jurisdicción el material químico para purificar las aguas del acueducto municipal de la ‘Ciudad Levítica’, un establecimiento comercial de propiedad de un funcionario del magisterio oficial, que era el único distribuidor de ‘Cloro’, para garantizar el agua potable?
En la antigua legislación penal, las ‘CONTRAVENCIONES’ cometidas por los funcionarios públicos y por los ciudadanos del común, eran castigadas con multas, convertibles en arresto en la proporción legal. Pero esas contravenciones nunca merecieron penas de prisión. Medio centenar de exalcaldes de distintos lugares de Colombia están presos en las cárceles del país por haber incurrido en ‘contravenciones’.
¿Qué se puede esperar para cumplir con los procesos de ‘resocialización penal’ contemplados en el Código Penitenciario, cuando un juicio por paternidad responsable contra padres de familia que se quedan sin trabajo, puede terminar con penas de prisión? Hay conductas penales mucho más graves, que se pierden en los laberintos de los anaqueles de la justicia ordinaria, donde la policía nacional pierde su trabajo capturando a ladrones callejeros, a grupos de atracadores, que entran muchas veces a las cárceles y los colocan en libertad al día siguiente.
La denominada ‘Justicia Restaurativa’ debería ocuparse de crear talleres de trabajo para los condenados de menor peligrosidad, que deberían tener restricciones en el ejercicio de sus actividades, sin necesidad de ocupar espacios en las cárceles del país. La nueva ministra de justicia es partidaria de crear escenarios de trabajo para la redención de penas en las granjas campesinas, en los talleres industriales de carácter privado, bajo la supervisión del personal de guardia del sistema penitenciario.
Las declaraciones de la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se reproducen en la página 1-B de la presente edición de EL FRENTE.
