¿Qué saben Roa y Carrillo de Gustavo Petro que los atornilla en sus cargos?

 Cuando las dos empresas más estratégicas del Estado quedan bajo la sombra de decisiones judiciales, el problema ya no es personal sino institucional y, para muestra un botón, Ecopetrol e ISA, pilares del sistema energético y financiero de Colombia, en la actualidad cargan con directivos rodeados de procesos, fallos y cuestionamientos que erosionan la credibilidad pública.

La situación expone una pregunta incómoda para el Gobierno: por qué se protege con tanto empeño a funcionarios cuya permanencia deteriora la confianza en las instituciones.

Ricardo Roa, quien funge como Presidente de Ecopetrol, enfrenta una imputación formal de la Fiscalía por presunto uso indebido de su cargo en la compra de un apartamento en Bogotá con un precio muy inferior al valor real del mercado.

El inmueble costaba cerca de 2.727 millones de pesos y terminó adquirido por 1.800 millones. La diferencia resulta demasiado grande para pasar inadvertida. La investigación sostiene que el negocio estuvo rodeado de favores contractuales y presiones dentro del sector energético. A ese episodio se suma el proceso por la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, donde las autoridades acreditaron un exceso superior a 5.300 millones de pesos.

El caso de Jorge Carrillo muestra una señal alarmante. El Consejo de Estado anuló su elección como gerente de ISA el pasado veintisiete de febrero. A pesar del fallo, el directivo no se ha apartado de manera definitiva de la compañía.

Permanece suspendido mientras la empresa continúa cubriéndole salud y pensión sobre un salario cercano a ciento cincuenta millones de pesos mensuales. La escena transmite un mensaje inquietante: las decisiones judiciales parecen negociables cuando se trata de las cúpulas del poder corporativo estatal.

Y surge la inquietante pregunta ¿qué saben Roa y Carrillo de Gustavo Petro que los atornilla en sus cargos? Ecopetrol no es una entidad menor. De su estabilidad dependen ingresos fiscales, inversión extranjera y buena parte de la confianza en la economía colombiana.

Sin embargo, los resultados recientes muestran un deterioro difícil de ignorar. Los ingresos de la empresa cayeron más de diez por ciento en dos mil veinticinco y las utilidades descendieron de 14,9 billones a 9.00 billones de pesos. La comparación con los 33 billones obtenidos en 2022 revela un retroceso profundo que coincide con el actual liderazgo.

En cualquier democracia seria, la dirección de empresas públicas exige estándares más altos que los de la política cotidiana. Cuando aparecen imputaciones penales, fallos judiciales y peligrosas señales de posible tráfico de influencias, la reacción responsable consiste en apartarse del cargo para proteger la institución.

Aquí ocurre lo contrario. El silencio de la junta directiva de Ecopetrol y la tolerancia frente a la situación en ISA sugieren una peligrosa normalización del escándalo con beneplácito presidencial.

El país no puede acostumbrarse a que el poder se defienda a sí mismo mientras la legitimidad institucional se debilita.